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Gasolinas, guerra perdida

QUIJOTESCAS embestidas las que puede dar Galicia en su ofensiva contra las petroleras. Gigantes molinos de viento para quienes el impacto de cualquier golpe, por duro que sea, supone un mero rasguño. A lo sumo. Es el coste de una liberalización a medias, como tantas otras. Resultado: cualquier iniciativa que vaya en la dirección de menoscabar su poder se convierte en cabezazos que, sin apenas inmutarse, encaja uno de los grandes lobbies de este país. Y así, cada operación salida de Semana Santa acaba en operación subida de precios de los combustibles. Y todo ello, con cierto descaro ya.De hecho, las advertencias que el propio Núñez Feijóo realizó en vísperas de los días de Pascua tuvieron la callada por respuesta de las grandes petroleras. Como si nada fuera con ellas.

Lo cierto es que los precios en Galicia, y sobre todo su disparado crecimiento en el último año, llevan a realizar un planteamiento por parte de la Xunta que tiene toda la lógica, aunque se quede finalmente en un simple enseñar los dientes, ya que en esto de las prácticas anticompetitivas, por escandalosas que sean, nuestra comunidad tenga muy poco que rascar por sus propias limitaciones reguladoras. Es por ello que cualquier cambio en este tablero en el que reinan unos pocos dependerá de la nueva Ley de Hidrocarburos, actualmente en trámite parlamentario. Y es que ni siquiera la nueva Comisión de los Mercados y la Competencia, por mucho expediente sancionador que impulse, como es el caso, está en condiciones de dar la vuelta a la situación.

De las seis provincias españolas con el gasóleo más caro, cuatro son gallegas. Este dato debería servir para hacer del sonrojo indignación. La Xunta esgrime sus argumentos y apela a un informe del devaluado Consello Galego da Competencia, que sin decirlo apunta a las cinco grandes: Repsol, Cepsa, Galp, BP y, en menor medida, Meroil. “Coordinación entre operadores en materia de precios, clientes y condiciones comerciales» e «intercambio de información comercial sensible en los mercados de distribución de combustibles de automoción”. Ahí es nada. Apuntan bien desde Madrid las autoridades de Competencia, en un expediente sancionador al que se ha sumado la Xunta, consciente de sus limitaciones en esta batalla que tendrá vencedores y venciones no antes del próximo año, cuando se cerrará la investigación. Y, mientras, Núñez Feijóo apela a la presencia en Galicia de una de las nueve refinerías repartidas por España (a mayores, A Coruña y Vigo estan unidas por oleoducto) que debería propiciar una bajada de precios, no al contrario, por el simple hecho de contar con un menor coste de transporte.

Si nos fijamos en la estructura de precios del litro de gasolina o gasóleo, vemos que las cotizaciones internacionales oscilan entre el 45 y el 49% del precio total, mientras los impuestos (Especial, venta minorista de hidrocarburos e IVA) suman de media un 39%. ¿De dónde viene el 10 y el 15% restante? Pues de los costes de logística y comercialización, amortizaciones y margen de beneficios. Es precisamente ahí donde, por ejemplo, Repsol debe dar explicaciones, ya que sin duda la presencia de la refinería en A Coruña aminora la factura en Galicia.

Pero el problema es que nos acordamos de la petrolera un poco tarde: el grupo que un día fue público no se instaló aquí ayer. Este año celebra su medio siglo de vida en Arteixo, desde su inauguración en 1964. ¿Y qué ha hecho la multinacional por Galicia? Pues poco y nada es lo mismo si analizamos las magnitudes de un complejo que, para rizarlo todo un poco más, siempre se queda al margen de los planes estratégicos de Repsol, más preocupada por sus proyectos inversores en Cartagena, cuando no de sus problemas accionariales o en terceros países, como Argentina.

El futuro no semeja para nada despejado si tenemos en cuenta, además, que Competencia ha tenido que llamar al orden a los propios legisladores en el trámite parlamentario de la nueva Ley de Hidrocarburos en lo que respecta los contratos de las petroleras con sus franquiciados, que recomiendan, cuando no fijan directamente, unos precios determinados mediante cláusulas en los contratos. La barrera de entrada para nuevos actores queda blindada entre unos y otros.El caso práctico lo hemos tenido esta semana, cuando se amplió el expediente sancionador de Competencia a la red de ocho gasolineras abanderadas propiedad Jesús Lence, que prefiere mirar para Repsol. Entre unos y otros se lo guisan, como el caso del dueño de Leite Río y el gigante petrolero. Ahora ya sabemos quién no se sienta a la mesa: ni Xunta ni Competencia. Solo una nueva ley puede poner algo de orden.

Todos a salvar los muebles en Pescanova

EN PESCANOVA hay una batalla financiera y accionarial, pero también mediática. De otro modo no se pueden entender los mensajes cruzados, los reiterativos ultimátum, los recurrentes desplantes y, ahora, la irrupción de unos supuestos consejeros independientes díscolos frente a sus mentores que hacen de mediadores entre la compañía y la banca acreedora. Y, todo ello, al margen de Demetrio Carceller. Esos consejeros, en teoría sin funciones (como todos) por orden del juez, fueron señalados hace solo unos meses por el dedo de Damm para ocupar sus puestos en el órgano de administración de la compañía. Por eso en este conflicto resulta tan difícil seguir cada nuevo paso, al apartarse de las grandes avenidas de la razón y discurrir por las sinuosas veredas de los apaños. A fuerza de enconar posturas, sin duda resulta muy complicada ahora una marcha atrás digna para llegar al mismo punto de partida. Para unos y para otros. De ahí, que el propio Carceller opte por ir un paso por detrás de la banca (¿una retirada simulada?), después de alimentar una crisis de confianza que llegó a plasmar por escrito en una propuesta de convenio sin el correspondiente placet del pool financiero, cuando apalabrado estaba.

Nadie se fía de nadie en Pescanova. Y es la banca, única propietaria a día de hoy de la segunda multinacional gallega, la que sigue invariable su rumbo, frente a los bandazos de Damm y Luxempart. El tiempo se agota para cerrar las adhesiones al convenio. Y una pregunta flota: ¿Por qué el Gobierno se afana en defender a la primera aceitera española, Deoleo, y no mueve un dedo por la gran multinacional pesquera?

JOSÉ LUIS MÉNDEZ ♦ Una nueva demanda colectiva empaña aún más su gestión

SI ALGUIEN está buscando a nuestros particulares lobos financieros, ya tiene un motivo más para apuntar a José Luis Méndez, el hombre fuerte de Caixa Galicia durante treinta años. Él tuvo el mérito de llevar a la desaparecida caja a lo más alto, hay que reconocerlo, pero desde allí la entidad se precipitó al vacío entre excesos, poca humildad y menos transparencia. Y es que ahora, a modo de mal recuerdo pero a tiempo a ojos de la justicia, la Audiencia Provincial de A Coruña decide admitir una demanda colectiva contra la entidad por vender contratos de cobertura sobre hipotecas, conocidos como swaps, como si fueran seguros al uso. Cuando todavía sigue en el limbo la solución a las preferentes, la demanda colectiva de 1.500 afectados por este producto, comercializado sobre todo en 2007,plantea indemnizaciones de 7,5 millones de euros. Esa justicia lenta califica la venta de los swaps de acción «engañosa y colectiva».

JUAN LUIS ARREGUI ♦ Ence debe dar alguna explicación por bajar precios con Portucel.

EN PIE de guerra está el monte gallego, paralizadas las entregas a las tres grandes pasteras que compran en Galicia, pero cuya actividad pivota abrumadoramente sobre Ence y la lusa Portucel. Y es que no solo ante los proveedores deberán dar explicaciones ambas compañías, que acordaron recortes similares prácticamente al unísono. Y, con una actuación así, esas razones a buen seguro tendrán que estar dirigidas a las autoridade de Competencia, por concertar precios en un mercado que controlan a placer. Algunas asociaciones hablan ya de llevar a la compañía que preside Juan Luis Arregui incluso a Bruselas, por tratarse de un acuerdo entre una compañía española y otra lusa, pero haría bien la nueva Comisión de la Competencia en tomar cartas, actuar de oficio y al menos averiguar si ese pacto es anticompetitivo, como así parece a ojos de cualquier mortal.

(Publicado en la edición impresa el 26 de abril de 2014)

Gasolinas, guerra perdida
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