LUZ ENTRE brumas para el sector eléctrico. Y muchas sombras. El Gobierno ha sacado adelante una nueva reforma energética, que tomará cuerpo durante los próximos meses, pero de la que ya se conocen los ejes. Básicamente, además de consolidar un recibo de la luz que subirá de nuevo y que se sitúa ya entre los más altos de Europa (solo nos superan Irlanda y Chipre), la vuelta de tuerca reparte responsabilidades y certifica la alternativa renovable como una opción inviable económicamente para producir energía. Así de sencillo. Y todo ello tiene un especial impacto en Galicia, aunque desde la propia Administración gallega todavía no se hayan producido reacciones solventes.
Primero, cómo se reparten las responsabilidades. Pues para resolver un déficit de tarifa (la diferencia entre lo que cuesta producir la energía y lo que realmente se cobra por ella) que estrangula al sector y amenaza el déficit público, nada mejor que abrir juego y repartir entre los consumidores, las empresas y el propio Estado, vía presupuestos generales, las cargas. El Gobierno mantiene que la reforma evita una subida del precio de la luz del 42%, aunque el incremento inmediato será del 3%, pero que puede llegar al 8%. Y, concretamente, ese reparto de cargas se realiza con una dosis de eufemismos propia de trileros del verbo. Veamos.
El ajuste de los costes del sistema será de 4.500 millones de euros para acompasarse a los ingresos y eliminar el déficit estructural de la tarifa. De esta cifra, 900 millones los asume el recibo de la luz de cada españolito y otros 900 millones se recogerán en los próximos presupuestos generales del Estado. Los 2.700 restantes corresponden al ajuste que tiene que hacer el sector eléctrico en su conjunto, que ayer recibió la reforma con un desplome en Bolsa. La mitad de esta última cifra corresponderá a las renovables, con un hachazo muy calculado. En definitiva, entre recibo de la luz y presupuestos que alimentan todos los años los españoles con sus impuestos, el coste para el contribuyente será de 1.800 millones por ambas vías: recibo y cuentas públicas.
Pero, descendiendo a lo concreto, si algo será clave para Galicia será la forma en que el Gobierno ha decidido cortar por lo sano con las energías alternativas y los proyectos que nacieron al abrigo de la reestructuración de las viejas centrales de carbón en lo que se denominan ciclos combinados (emplean gas para producir electricidad).
El Gobierno mantiene que de cada cien euros que paga actualmente el consumidor por la luz, 18,3 euros se destinan a financiar subvenciones a las renovables, y 35,4 euros son los que realmente van a pagar la energía. El resto se reparte entre impuestos (21,4 euros) y transporte y distribución (3,4 y 10,9 euros, respectivamente), además otros costes menores. Este esquema permite al Ejecutivo pasar por decreto de la congelación de la retribución a las renovables (el régimen especial) acordada el año pasado por el siempre circunspecto ministro Soria a un nuevo modelo, según dice, que garantiza una rentabilidad propia de las obligaciones del Tesoro, de la deuda pública, equivalente al 7,5%. No más especulación sobre el sector, parece decir Soria.
Pero lo cierto es que, con especulación o sin ella, con gigantismos o sin ellos, la energía eólica queda a los pies de los caballos con la reforma, con millonarias inversiones en marcha en Galicia y, sobre todo, desdibujando definitivamente un panorama que se presentó muy dulce cuando se convocaron los ambiciosos concursos eólicos, tanto del bipartito como del PP. No fue hace mucho. La última promesa data de 2010.
La medida altera radicalmente los flujos de ingresos de todos los parques eólicos de España, lo que supondrá una cascada de problemas financieros para el sector y, eventualmente, para la banca. Así lo advierten las patronales, que en Galicia todavía no han hablado.
Aquellos poco más de 2.300 megavatios que salieron a concurso, se repartieron bajo el gobierno de Feijóo y luego, con la cascada de amenazas, su ejecución se paralizó, iban a dejar 6.000 millones de inversión en Galicia y la creación de más de 13.000 puestos de trabajo. Ahora, todo humo.
A mayores, la reforma disminuye también la retribución de los pagos que reciben las centrales de ciclo combinado (As Pontes, de Endesa, y Sabón, de Gas Natural Unión Fenosa) y abre la puerta a posibles «cierres temporales de instalaciones bajo estrictos criterios de garantía de suministro»,lo que el ministro Soria denomina hábilmente «hibernación».
Ante todo esto, Galicia, que sigue exportando el 30% de la energía que produce (50% si sumamos los combustibles, gas, petróleo), y por ello es toda una potencia, debe hacerse oír de una vez por todas.
KPMG no ha dicho nada que el presidente de Pescanova no supiera o hiciera. Con él, un grupo de directivos. De momento, la banca acreedora, irritada más que nunca, ha dado el mandato a la propia consultora para que elabore un plan de negocio para salvar a la compañía, que se vendría a sumar al informe de la administración concursal, en manos de la CNMV y de Deloitte. ¿Quién conoce mejor las entrañas de la compañía, al margen de su presidente? Pues KPMG, se responde el pool bancario. Ahora, queda en manos del juez Ruz el futuro de los imputados. Todo un escándalo.
TIPOS CON INTERÉS
Joaquín Almunia ♦ A garantizar que no paguen el «tax lease» justos por pecadores
¿Y si fuera belga? ¿O francés? El comisario de Competencia ejerce, que es básicamente lo que tiene que hacer. Es cierto que Joaquín Almunia es determinante con la devolución del “tax lease”, y reitera por activa y pasiva que son los inversores los que tienen que reintegrar las bonificaciones fiscales de las que disfrutaron años. Pero también es clave en todo este asunto que tanto la Administración central, cuyo papel está por aclarar, como la europea deben cerciorarse que en esta crisis no acabarán pagando los astilleros frente a las grandes fortunas. Justos por pecadores. Mecanismos hay para ese control. A ejercer.
Francisco Conde ♦ Galicia gana cuando el conselleiro se planta con Corcoesto
Se podrá barruntar que es una calculada puesta en escena ante la contestación social a la mina de Corcoesto, pero lo cierto es que la Xunta ha sido determinante al tumbar el proyecto. Cuando el conselleiro de Economía alude a que Mineira de Corcoesto debe multiplicar por sesenta sus recursos propios (capital y reservas) para acometer el proyecto, está diciendo muchas cosas. Tales como que el proyecto es del todo inviable. Repasar las cuentas de la compañía permite comprobar que llegó a 2012 con fondo de maniobra negativo (supuesto de quiebra técnica), por lo que queda mucho por explicar. Con la paralización, Galicia gana.
