Más de diez puntos son los que separan a Galicia, 7,5%, de la media nacional de juicios rápidos, 18,9%. Este tipo de instrucción, utilizada desde hace años para resolver determinados delitos leves y agilizar en el tiempo su enjuiciamiento, no sólo no se emplea tan asiduamente en la comunidad, sino que además la sitúa en la penúltima posición a nivel nacional si se realizara una clasificación particular sobre las regiones que más emplean este tipo de proceso penal.
Los datos son fruto del estudio anual realizado por el Consejo General del Poder Judicial, que revelan que en 2019, último año analizado, hubo 449.689 juicios sobre delitos leves en España. De esa cifra global casi el 20%, concretamente 85.208, se resolvieron mediante un juicio rápido.
Especialmente destacable es el caso de Andalucía, donde casi uno de cada tres delitos de esta índole desembocaron en una instrucción rápida, el 27,9%; completan la parte alta de esta clasificación Aragón, en segundo lugar con un 25,9%, Cataluña en tercer puesto con un 23,2% y La Rioja con un 22,9%. Mientras tanto, acompañan a Galicia como regiones con menor porcentaje tanto Castilla-La Mancha con un 9,1% y Navarra con un 5,8%.
¿Para qué tipo de delitos se utilizan los juicios rápidos?
Tal y como dispone el Código Penal en su artículo 13, existen una serie de categorías con las que se puede catalogar un delito. En este artículo se exponen tres tipos: graves, menos graves y delitos leves. Los juicios rápidos se centran exclusivamente en estos últimos, aquellas infracciones que la ley castiga con pena leve y que se corresponden con lo que hasta la reforma del Código Penal de 2015 se conocían como "faltas".
¿Y cuáles son esos delitos? La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) recoge en su artículo 795 cuáles son las conductas delictivas que podrán ser enjuiciadas de forma rápida. Concretamente cita hasta ocho tipos de delitos: “delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia psíquica o física cometidos contra otra persona”, “delitos de hurto”, “delitos de robo”, “delitos de hurto y robo de uso de vehículos”, “delitos contra la seguridad del tráfico”, “delitos de daños”, “delitos contra la salud pública” y “delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial”.
Pero más allá de esta extensa lista de delitos, también habrá que tener presente una serie de requisitos que deben reunir estos delitos para que se pueda proceder a su enjuiciamiento por la vía rápida.
¿De qué requisitos se tratan?
Han de reunirse tres condiciones para que un delito pueda ser resuelto por un juicio rápido. La primera premisa es que el delito castigado no puede contar con una pena de prisión superior a los cinco años (diez si se trata de penas administrativas). El segundo requisito es que el procedimiento penal debe comenzar con un atestado policial o por una actuación policial donde se capta in fraganti al delincuente. De esta manera se puede probar la tercera condición, que es que el delito sea flagrante y no existan opciones de confundir al autor.
Los delitos más habituales que se pueden resolver con este tipo de procedimientos penales suelen ser, tal y como apuntan los abogados conocedores de este tipo de procesos, los que guardan relación con asuntos de seguridad del tráfico, robos y hurtos. Realizando también un especial para los delitos de violencia doméstica.
En lo que a Galicia atañe, y teniendo presentes los datos aportados por el INE sobre condenados por tipo de delito en 2019, se contabilizaron 5.784 condenas por delitos contra la seguridad vial, 3.544 condenas por lesiones, 2.691 por hurtos y 1.127 por robos. La suma de estos cuatro delitos compone el 66,5% de las condenas penales en Galicia, es decir, dos de cada tres. No son precisamente delitos poco habituales, por lo que es aún más sorprendente el escaso porcentaje de juicios rápidos efectuados en la región en comparación con otras.
