Galicia Bilingüe impugna un concurso público por carecer de documentación en español

Galicia Bilingüe ha impugnado este jueves ante la Unión Europea la convocatoria del concurso público para las obras de rehabilitación de la antigua Fábrica de Tabacos de A Coruña, donde se ubicará la futura oficina judicial de la ciudad.

La documentación del contrato, "72 folios con lenguaje técnico", estaba disponible "únicamente en gallego", lo que según Galicia Bilingüe incumple el derecho de "publicidad, concurrencia y transparencia" exigible a toda convocatoria pública.

La Xunta se enfrenta ahora a dos impugnaciones, un impulsada por Galicia Bilingüe ante la Unión Europa, y otra interpuesta por el arquitecto Manuel del Valle -quien alertó de lo ocurrido- ante la administración autonómica.

Indignación
La Presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, se mostró indignada ante una "actitud inédita", que no obstante, la circunscribe a "directrices que vienen directamente de la Xunta". "No hay más que mirar en algunos concellos que incluso solo consideran el gallego como oficial".

Asimismo, Lago se cuestiona: "¿Qué páginas web de la Xunta están en castellano? "Poquísimas, algunos apartados de la de Sanidade. La de Educación, cero patatero". La presidenta de la asociación relacionó esta actitud con la de personas contratadas por la Xunta, cuyas declaraciones "ponen los pelos de punta, es un discurso de gente absolutamente nacionalista" afirmó Lago con vehemencia. "Es una sorpresa, pero es algo que está ahí".

Por otra parte, aseguró que no tienen conocimiento de ninguna actitud parecida con el gallego. "De saberlo, seríamos los primeros en denunciarlo. Se lo puedo asegurar."

Motivos para la anulación
Estos procesos podrían concluir con la anulación de la convocatoria, la obligación de traducir los pliegos del concurso y la publicación de los mismos, ha subrayado Galicia Bilingüe en un comunicado.

Asimismo, Galicia Bilngüe ha alertado de otras posibles irregularidades en el proceso, como el uso de criterios de selección cualitativa, la no exigencia de la solvencia técnica obligatoria o la falta de transparencia al citar una partida del presupuesto en que se le cobra al adjudicatario un 6 por ciento de la facturación total sin especificar en virtud de qué norma lo puede cobrar.

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