El director Xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, encabezará la delegación política gallega, en la que también están los alcaldes de As Pontes, Valentín González Formoso, y Cerceda, José García Liñares, que se reunirá hoy con el comisario de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, para explicarle los dramáticos efectos que supondría para las centrales térmicas de Meirama y As Pontes la aprobación del decreto del carbón, que prima el consumo del mineral nacional y suprime las ayudas a las plantas de transformación que queman carbón importado.
La validación por parte de la Comisión Europea del citado decreto del carbón supondría el paro de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes, al tiempo que conllevaría una drástica reducción de los ciclos combinados de Sabón y As Pontes. Estos efectos en la actividad de las citadas térmicas pondrían en peligro la continuidad de unos 3.500 puestos de empleo, según las estimaciones realizadas por la Xunta de Galicia, que cifra el impacto económico derivado de esta medida en torno a los 1.200 millones de euros.
Ante los nefastos efectos que acarrearía el decreto del carbón para las térmicas de Meirama y As Pontes, los regidores de estos municipios y el director Xeral de Industria, Enerxía e Minas, intentarán hoy recabar el apoyo de la Comisión Europea para variar el texto de la nueva reglamentación, a fin de que las plantas gallegas también puedan beneficiarse de algún tipo de subvención que les permita continuar su actividad y mantener los actuales puestos de trabajo.
El argumento esgrimido por la delegación política gallega se centra en que As Pontes y Meirama también se hallan al amparo del Plan Miner, suscrito en 2006 y en virtud del cual también constituyen sendas explotaciones mineras merecedoras de las medidas garantistas que supuestamente persigue para la industria del carbón el nuevo decreto.
A la espera de lograr algo positivo para el sector y después de varios días de protesta, un centenar de trabajadores de la planta de Meirama y de otras empresas auxiliares de As Pontes se concentraron ayer delante del consistorio de Cerceda en oposición a una nueva normativa que pone en serio peligro sus empleos.
Transportistas: «Como non cambie esto, seguro que vai haber festa»
Los transportistas que realizan el traslado del carbón desde el puerto exterior de Ferrol hasta la térmica pontesa reiteraron su honda preocupación ante la aprobación del decreto del carbón y aseguraron que «como non cambie esto e se inclúan cambios no texto da normativa, seguro que vai haber festa, porque non podemos quedarnos quietos ante unha medida inxusta e que pon en risco os nosos empregos». Un portavoz del colectivo de transportistas señaló además que el uso de carbón nacional en la térmica pontesa supondría un diferencial de coste de en torno a dos millones de euros, ya que el precio de la tonelada de mineral de importación es tres veces inferior al nacional.
Subvenciones
Las subvenciones otorgadas a las explotaciones mineras nacionales, en las que trabajan alrededor de 4.000 personas, suponen un gasto añadido de cerca de 80.000 euros por cada trabajador y año, una cuantía que las administraciones podrían derivar para impulsar prejubilaciones.
