El Ministerio de Fomento canceló «provisionalmente» el proyecto de ejecución de un tercer acceso a Ribadeo desde la carretera de circunvalación de la villa y, como consecuencia de ello, comenzó a enviar una serie de cartas a los propietarios de los terrenos a los que les había expropiado para la construcción de dicho vial en las que les reclama el reingreso del dinero que en su día les abonaron por las expropiaciones de sus tierras, que además fueron en su mayor parte en contra de su voluntad. Los pagos se efectuaron hace ya más de dos años.
Esta actitud del Ministerio de Fomento, que emprende a través de la Demaración de Carreteras del Estado en Galicia, causó una auténtica sorpresa para los propios afectados, a los que ahora se les reclama un dinero del que en muchos casos ya no dispondrán, al haberlo recibido hace ya mucho tiempo.
Pero además, fue una sorpresa mayúscula para el propio gobierno municipal ribadense. El alcalde, Fernando Suárez, explicó que no se enteró de lo que estaba sucediendo hasta que se lo comunicó personalmente alguno de los afectados a los que ahora Fomento les está pidiendo que les devuelva el dinero pagado.
Ante esta situación, el regidor ribadense dijo mostrarse «indignado» porque señaló que, como máxima autoridad municipal, debe ser puesto al tanto de estas decisiones y, además, «o Concello ten que ser considerado parte no expediente como titular de dereitos e intereses lexítimos».
En la noche del jueves reunió de urgencia a la junta de portavoces municipal. Los 4, incluido el del PSOE, Eduardo Gutiérrez, firmaron un escrito conjunto remitido a Fomento en el que exigen que se dejen sin efecto esas reclamaciones monetarias a los ribadenses afectados y que además no se abandone la idea de un nuevo acceso a la circunvalación.
La obra aún está calificada como «una prioridad»
A pesar de que este futuro acceso a la circunvalación quedó sin efecto, en principio por problemas presupuestarios, se da la contradicción de que su construcción continúa estando considerada como «de interese xeral» por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, que manifestó su «voluntad firme» de llevarla a cabo.
300.000 euros
Es la cantidad total de las expropiaciones, es decir, una cantidad insignificante para Fomento.
