La Audiencia Provincial celebra este martes la vista previa del caso Campeón con buena parte del pescado vendido. La Fiscalía tenía este lunes en el bolsillo acuerdos de conformidad con doce de los trece acusados, a la espera de saber este martes si el otro también pacta o insiste en ir a juicio. Unos pactos que aseguran condenas, pero que no harán posible recuperar la mayor parte de los 2,2 millones de fondos públicos defraudados, pese a que este ha sido en todo momento el principal objetivo de la Fiscalía.
Sus esfuerzos en este sentido, apoyados por los representantes en el proceso de la Xunta de Galicia y de la Abogacía del Estado, sí se verán recompensados en parte, ya que podrían llegar a recuperarse para las arcas públicas algo más de medio millón de euros en concepto del pago de responsabilidad civil. Las multas multimillonarias que se barajaban, sin embargo, quedarán si satisfacer.
Las peticiones iniciales del ministerio público en su escrito de acusación -en el que iba a máximos con penas de hasta 19 años de prisión para Dorribo o de 11 para Arsenio Méndez, su socio en Laboratorios Nupel- han sido notablemente rebajadas en la búsqueda de acuerdos. Y ha funcionado: doce de los trece acusados han pactado. De ellos, parece que solo Jorge Dorribo tendrá que ingresar en prisión, con una pena de tres años, aunque se presume que solo cumplirá unos pocos meses antes de poder salir en libertad condicional. Hay que recordar que ya pasó cuatro meses dentro por esta investigación.
Varias fuentes consultadas este lunes por este diario coincidieron en que es muy posible que le sea retirada totalmente la acusación a Cristina Quintela, uno de los tres altos cargos del Igape encausados. También coincidieron en que el único que todavía no había aceptado el pacto era uno de dueños de Proitec, Javier Rodríguez. El resto, se declarará culpable de diversos delitos y en diversos grados, con lo que conseguirán eludir la cárcel y ver significativamente rebajadas las reclamaciones económicas.
El frente económico ha sido, de hecho, el principal campo de batalla de las acusaciones públicas, si bien tanto la Xunta como la Abogacía del Estado habrían delegado buenas parte de la negociación en la Fiscalía.
Hay que recordar que este procedimiento penal se ha visto reducido con el paso de los años y la instrucción al cobro fraudulento por parte de Nupel de un crédito de tres millones de euros de fondos europeos concedido a través del Igape. El resto del dinero que desapareció del entramado empresarial de Dorribo ya fue objeto de juicio y condena en el proceso por la quiebra fraudulenta de Nupel. En ese concurso de acreedores se consiguió además recuperar 800.000 euros del crédito del Igape que se había quedado un banco por unas deudas de la empresa, y que la Audiencia Provincial obligó a devolver. En esa quiebra ya figura como acreedor el Igape.
Así las cosas, todo el caso Campeón ha quedado reducido a determinar los múltiples engaños contables y falsificaciones documentales que se pudieron cometer para conseguir el crédito europeo, y a recuperar los 2,2 millones pendientes a través de las responsabilidades civiles que se les exigían a los acusados. El objetivo, sin embargo, solo podrá cumplirse en parte.
Algunas de las fuentes consultadas, cercanas a las negociaciones, señalan que las responsabilidades pactadas y con posibilidad real de cobro podrían rondar los 500.000 euros, lo que supondría que varios de los acusados han asumido que tendrán que perder buena parte de sus respectivos patrimonios.
Hay que tener en cuenta que alguno de ellos, como Jorge Dorribo, son ya insolventes, por lo que no pondrán un euro; esto, por otro lado, implicará que no pueda evitar su ingreso en prisión, ya que el impago supone una pena subsidiaria. Una circunstancia en la que sorprendentemente no parece encontrarse su socio Arsenio Méndez, también insolvente pero que al parecer sí ha conseguido reunir una cantidad de dinero suficiente como para poder negociar su no ingreso en prisión.
Por otro lado, sí que hay acusados que no solo no son insolventes, sino a los que el juzgado les tiene embargadas cuentas y propiedades a modo de fianza desde hace tiempo. De finalizar todo como está previsto, serían estas personas las más afectadas y las que más dinero tendrían que poner para hacer frente a las responsabilidades civiles. La clave en este pacto parece residir en que el fiscal no solo aceptó retirarles algunos de los delitos, sino que en otros los acusa solo como colaboradores, no como autores. Esto implica que la responsabilidad civil sería solidaria solo para los condenados como colaboradores, pero independiente de la que deben los autores, en este caso Dorribo y Méndez.
LAS MULTAS. Una cosa muy distinta es la que se espera que suceda con las multas. Pese a que la negociación con las partes las ha reducido bastante, algunas de ellas no dejan de millonarias y, de facto, imposibles de pagar para los acusados y de cobrar para el Estado.
Pero también para este escollo no menor se ha encontrado solución, según explicaron personas conocedoras de las negociaciones. El Código Penal ya prevé que en caso de no poder ser abonadas pueden ser sustituidas por penas subsidiarias de prisión -por ejemplo, para una multa de 6 millones, se correspondería una responsabilidad subsidiaria de 300 días-. Pero es que, además, esos días de prisión podrían ser canjeados por trabajos en beneficio de la comunidad, o incluso abrir a posteriori piezas de insolvencia.
El riesgo de nulidad marca los pactos y amenaza el juicio
Fiscalía y Xunta dan por perdida la mayor parte del dinero de la Campeón
Varios de los acusados aportarán buena parte de su patrimonio para hacer frente a la responsabilidad civil. Salvo Jorge Dorribo, casi todos eludirán la cárcel pese a que se da por hecho que no podrán abonar las multas