La vista oral por el caso Campeón, que está prevista en la Audiencia Provincial del 24 de octubre al 2 de noviembre, podría no celebrarse finalmente. El motivo son los acuerdos de conformidad que desde hace semanas negocia la Fiscalía con las defensas de los trece acusados que deben sentarse en el banquillo. Están acusados de intervenir en distintos grados en el cobro ilegal a través del Igape de unos tres millones de euros procedentes del Banco Europeo de Inversión por parte de Laboratorios Nupel.
La primera cita clave se producirá el próximo martes, cuando las partes han sido citadas para una vista cuestiones previas. Si no todos, muchos de los acusados podrían llegar ya con un acuerdo bajo el brazo. De todos modos, haría falta la conformidad de todas las partes para que el juicio no llegara a celebrarse.
Según las fuentes consultadas por este diario, la Fiscalía está rebajando notablemente sus aspiraciones de condena respecto de su escrito de acusación. Hay que recordar que en el mismo recoge hasta once delitos y que pedía para los procesados penas que sumaban 78 años y medio de prisión y multas por un total de 66.780.600 euros. En ese escrito, la Fiscalía optaba por aplicar las penas más altas de las posibles en casi todos los delitos.
Así, por lo que respecta a los principales encausados, Jorge Dorribo se enfrentaría a 24 años de cárcel y 16 millones de multa; su socio en Nupel, Arsenio Méndez, a 10 años y 9 millones; le seguían Carlos Monjero, Javier Rodríguez y el exdiputado autonómico del PP Pablo Cobián, con penas de alrededor de 9 años y multas de entorno a 10 millones. Sin embargo, ya en el propio escrito de acusación el ministerio público ofrecía condenas alternativas para el caso de que el tribunal entendiera que se debía aplicar un artículo del Código Penal u otros, lo que ya avanzaba que tampoco tenía todas consigo y que trataba de que, en el peor de los casos, los acusados no salieran indemnes.
Un acuerdo entre todas las partes es difícil, pero sí es muy probable que se alcancen conformidades individuales antes del juicio
Es en estas penas alternativas más benévolas en las que, según algunas de las fuentes consultadas, se estaría apoyando la Fiscalía para negociar los casos más complicados. Para varios de los acusados, según confirmó este diario, las ofertas son muy ventajosas y así han sido recibidas.
Pero, pese al optimismo de algunas de las partes, otras son mucho más escépticas, en especial sobre la posibilidad de que todas las partes puedan pactar conformidades. En algunos casos es ciertamente complicado, no ya tanto por las penas de cárcel (podrían evitarse el ingreso en prisión de la mayor parte de los acusados), sino por las multas que deberían pagar.
En estas circunstancias, podría suceder también que la Fiscalía alcanzara acuerdos con solo algunos de los acusados, lo que implicaría que se celebraría la vista oral, estos reconocerían determinados hechos durante la misma y el ministerio público modificaría sus conclusiones finales para aplicar el acuerdo. Evidentemente, que varios reconozcan su participación, aunque sea mínima, en unos hechos delictivos dejaría en el alambre a los acusados que no hayan pactado.
Pero no serían estos los únicos que arriesgarían. También la Fiscalía y las acusaciones, entre las que figura la Xunta, como perjudicada por el fraude cometido con fondos públicos. Y es que el ministerio público se arriesga a quedarse sin nada, o sin buena parte de sus pruebas, si prosperan las cuestiones previas que se van a presentar el próximo martes, ya anunciadas por muchas de las defensas en sus escritos.
Las más relevantes tienen que ver con las ya esgrimidas en varias de las macrocausas dirigidas por los juzgados de Instrucción 1 y 3 que han llegado a juicio: la vulneración del derecho constitucional al juez predeterminado por la ley y la legalidad de las escuchas telefónicas, cuestiones que fueron fundamentales en el caso de las multas de Tráfico, de Castro de Rei y, más recientemente, en un caso de tráfico de drogas.
