Fiscalía y Abogacía analizan si las listas de Bildu fueron ideadas por ETA

La Fiscalía y la Abogacía del Estado están trabajando con un avance de uno de los informes policiales sobre Bildu, que apunta que la coalición es una estrategia ideada por ETA y ejecutada por Batasuna, con la intención de impugnar el próximo miércoles o jueves ante el Tribunal Supremo sus listas.

Así lo han confirmado fuentes de la lucha antiterrorista, que han precisado que la Fiscalía y la Abogacía están analizando ese primer avance del informe de la Policía Nacional, que hace mención al origen y estructura de Bildu, formada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y abertzales independientes.

Y en ese avance del informe la Policía señala, según las citadas fuentes, que Bildu fue ideada por ETA en 2008, cuando la banda estableció como objetivo prioritario la constitución de una "alianza independentista" de referencia "política", que excluyera al PNV.

De esta forma, según apuntan algunos de los documentos hallados a ETA desde 2008, recogidos en el informe, la organización terrorista trataba de crear una plataforma de convergencia con otras formaciones políticas independentistas y de izquierdas.

Una plataforma similar a la coalición de Euskal Herria Bai en Francia, integrada por Batasuna, Abertzaleen Batasuna y Eusko Alkartasuna (EA), que se unieron para presentarse a las elecciones legislativas galas de junio de 2007.

Una vez que el Supremo impidió la legalización de Sortu, el paso a seguir, según los investigadores, fue Bildu, coalición en la que se integraron los abertzales independientes que "dijo la propia Batasuna".

Esta es la primera parte del informe de la Policía Nacional, pero todavía falta una segunda que está dedicada al examen de los candidatos y que, según las mismas fuentes, es la más laboriosa, ya que junto a figuras más o menos conocidas procedentes de EA o de Alternatiba -escisión de Ezker Batua-, Bildu ha presentado a un buen número de "desconocidos" procedentes del mundo abertzale.

Mañana lunes o el martes, a más tardar, la Fiscalía y la Abogacía del Estado tendrán que tener en sus manos el informe al completo de la Policía y también el de la Guardia Civil.

En éste último probablemente se hará mención a un documento que incautaron agentes de este Cuerpo el pasado 18 de enero al presunto miembro del aparato político de la banda (Ekin) Gorka Mayo, titulado Akordio Elektoraleko Oinarriak.

El escrito, que según la Guardia Civil fue redactado el pasado mes de noviembre y que es la propuesta presentada por Batasuna a Aralar y EA para concurrir juntas a las elecciones al Parlamento de Navarra del próximo 22 de mayo, dice textualmente que la formación ilegalizada "gestionará los asientos que le corresponden a Batasuna, cualquiera que sea la situación legal".

"La situación de legalización en la representación que se acuerda en los centros de decisión de la nueva coalición no tendrá ninguna consecuencia. Se mantendrán los cargos que le corresponden a Batasuna. En la distribución que se hace en la expresión pública, la situación de legalización no tendrá ninguna consecuencia. Batasuna gestionará los ámbitos que le corresponden", añade el documento.

Con todos estos datos, la Fiscalía y la Abogacía tienen que estudiar si hay materia jurídica para pedir la ilegalización de Bildu -en el caso de que consideren que es uno más de los intentos de ETA de volver a las instituciones- o para impugnar algunas de sus listas en función del número de candidatos "contaminados" que figuren en ellas.

En caso de que así sea, el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado presentarán sus recursos los próximos días 27 y 28, después de que el 25 se hayan proclamado las candidaturas y al día siguiente sean publicadas en los Boletines Oficiales.

Bildu ha presentado cerca de 300 candidaturas en el País Vasco y Navarra: el periodista Martín Garitano y el médico Juan Carlos Izagirre, ambos independientes, son los principales candidatos a las Juntas Generales de Guipúzcoa y al Ayuntamiento de San Sebastián

La Sala del 61 del Tribunal Supremo tendrá también dos días, el viernes 29 y el sábado 30, para resolver, pero su decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse antes de la medianoche del 5 de mayo, cuando comenzará la campaña electoral.