El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Lugo exime al Concello de Viveiro del reintegro de 1.110.676,10 euros a la constructora que pretendía edificar 200 viviendas en una finca situada en O Coído, en la parroquia de Covas. La empresa presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración tras la anulación de la licencia por parte del juzgado lucense y confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2010.
La desestimación total del recurso de la firma va acompañada de la imposición de las costas a esta, dado que el tribunal entiende que la empresa actuó con conocimiento de que no podía construir porque no contaba con el informe preceptivo y vinculante del servicio de Patrimonio de la Xunta. La constructora adquirió la licencia de obras por silencio administrativo del Concello, pero condicionada a la obtención de esa autorización, que resultó negativa, en 2006.
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