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Estamos trabajando en ello

EL GOBIERNO municipal de Barcelona quiere que los perros y demás animales de compañía que pasean a diario por las calles de la capital catalana vayan convenientemente sujetos. Hasta ahora, se permitía que fuesen sueltos si estaban bajo el control de sus dueños y obedecían sus órdenes. La nueva ordenanza en la que está trabajando el Ayuntamiento de la ciudad condal obliga a los propietarios a llevarlos atados y establece sanciones muy duras para aquellos que incumplan la norma. La multa para insumisos y desobedientes que insistan en dejar libres a sus chuchos en los espacios públicos es ejemplarizante. Si los trinca la Guardia Urbana tendrán que pagar 1.500 euros. Exactamente lo mismo que se verán obligados a abonar si no recogen de forma inmediata las deposiciones de sus mascotas. Más del doble de la cantidad mensual en la que está fijado el Salario Mínimo Interprofesional. El correctivo contra la dejadez es aleccionador. Para tomárselo en serio.

En Lugo, las sanciones por llevar animales sueltos o por no recoger los excrementos que dejan las mascotas en la vía pública son bastante más económicas. En el fondo, a efectos prácticos, da exactamente igual. La cuantía del castigo es más que suficiente para llamar la atención de aquellos propietarios que persisten en conductas incívicas y molestas para los demás. El problema radica en la diligencia por parte del Ayuntamiento y de la Policía Local para hacer cumplir las normas. La falta de celo con respecto a ese tipo de cuestiones es palmaria. Todo el mundo mira hacia otro lado. Generalmente hacia el suelo, para no pisar la mierda que abunda en muchas aceras.

Nadie parece dispuesto a corregir ese tipo de comportamientos. Según publicaba este periódico hace unos días, el año pasado una única persona fue multada por no retirar la deposición que su perro amablemente había dejado en plena calle. Algo parecido sucede con la obligación de llevar sujetos a los canes. Sólo veintiuna sanciones en doce meses por llevar animales sueltos. Caben dos posibilidades, o los responsables de aplicar las normas son incapaces de ver lo que cualquier ciudadano percibe cualquier día del año o, simplemente, hacen la vista gorda. Con ese pasotismo por parte del gobierno local hacia el cumplimiento de sus propias disposiciones, da lo mismo que las sanciones se fijen en cinco o en medio millón de euros. Está claro que cada uno hace lo que le viene en gana. Ni más, ni menos.

Hay gente a la que no le gustan los animales. Otras personas sufren un miedo patológico hacia los perros. No es mi caso, pero reconozco que están en su derecho a exigir que se cumplan las normas de convivencia que rigen, o deberían, los espacios públicos. Sin necesidad de ponerse en evidencia ni de discutir con nadie. Tampoco de dar explicaciones sobre cuestiones personales para que otros sujeten a sus mascotas. Los chuchos sólo pueden ir sueltos en los caniles. El problema es que determinados individuos se pasan por el arco del triunfo esa obligación. Las autoridades, por lo general, se lo permiten.

Lo más grave es que, aparte de generar malestar y reproches entre vecinos, la inconsciencia de algunos dueños también provoca situaciones de peligro. Hace algunos meses pude ver como un pastor alemán estuvo a punto de caerse de la emoción desde la Muralla, a la altura del Carril das Estantigas. Iba suelto. Al animal, todavía joven y torpón, le faltó medio dedo para bajar de morros hasta el canil en el que jugaban otros congéneres. Su dueña lo sujetó en el último momento. Entonces, sólo entonces, lo amarró con la correa.

Da lo mismo. Hace más de un año que desapareció de una céntrica plaza de la ciudad el cartel que recordaba a los propietarios la obligación de llevar sujetas a sus mascotas. Nadie hasta la fecha se preocupó de reponerlo. Si algún día sucede algo grave, los responsables de turno dirán lo mismo que Aznar con acento tejano. «Estamos trabajando en ello». Sinceramente, no se nota.

Faltan plazas de guardería

El Ayuntamiento abrió el plazo para apuntar a los niños en las cuatro guarderías municipales. Es evidente que el número de plazas públicas es insuficiente para cubrir la demanda. Cualquier padre que se vea en la obligación de recurrir a ese servicio puede dar testimonio de esa situación. Está bien que la Xunta diseñe campañas para fomentar la natalidad, pero una buena forma de incentivar los nacimientos pasa por facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Eso sí, siempre que los potenciales padres tengan trabajo. Ésa es otra.

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