El Gobierno de España parece haber dado un pequeño paso atrás en la firme lucha que había iniciado en torno al sector del juego en todo el país, categorizándolo ahora como uno de los mercados denominados como ultraprotegidos". El Consejo de Ministros estableció una serie de actividades que debían de tener ciertos beneficios para poder subsistir durante la crisis sanitaria, debido a que apenas estaban registrando ingresos, sino más bien pérdidas en los últimos meses del año 2020. La hostelería había sido el foco principal de este decreto, pero también el juego ha pasado a entrar en este grupo de privilegiados.
Los ingresos de las empresas dedicadas a los juegos de azar durante la crisis sanitaria cayeron a menos de la mitad, según los datos aportados por la patronal Cejuego en el Anuario del Juego en España 2020. Se calcula que más de cincuenta casinos perdieron en torno a 156 millones de euros, más de tres centenares de bingos cifraron sus caídas en 274 millones, cerca de 4.000 salones de juego se fueron a los 359 millones de diferencia en pérdidas, mientras que las máquinas tragaperras hosteleras son las más perjudicadas con 1.102 millones de diferencia con respecto al mismo periodo del año anterior, del 2019. En las apuestas deportivas la caída fue menor a la mitad.
De esta forma, los casinos presenciales habían quedado desprotegidos, en parte frente a la más de treintena de casinos online que operan legalmente en España, incluso se empezaba a vislumbrar una tendencia en la que las sedes físicas se planteaban dar el paso a la red también para poder subsistir. De hecho, el juego online registró subidas, pasando de 371 millones de euros a 425 millones en el periodo desde enero hasta octubre del año pasado. Un 15% de aumento que deja a sus competidores in situ tocados y con 40.000 trabajadores del sector metidos en un expediente de regulación temporal de empleo, el famoso y temido ERTE.
Parece que el Gobierno ha entendido lo que este mercado mueve en España y por ello ha puesto a esta área al mismo nivel que los comercios al por mayor de bebidas, los bares y restaurantes, los puestos de comidas, las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales, y establecimientos de bebidas. Todos ellos no estaban antes en esa categoría de sectores ultraprotegidos y ahora ya forman parte de ella. Lo que también significa que la administración reconoce que son de los grandes afectados de esta crisis, como los profesionales venían demandando en sus últimas manifestaciones.
Ni si quiera en la crisis del año 2008 el descenso había sido tan grave. De hecho, del 2009 hasta el 2014 las ventas de los locales vinculados a los juegos de azar cayeron hasta un máximo de poco más de un 24%. Incomparable al más del 50% que ha registrado en esta etapa. Luckia, con más de 50 locales repartidos por toda la comunidad, y Comar, con más de 20 recintos, son los entes más destacados de Galicia y que también necesitaban de apoyo para detener el mal momento que estaban atravesando.
El beneficio de estos sectores será el hecho de librarse de pagar parte de las cotizaciones sociales correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y de enero de 2021, e incluso las cuotas a pagar de la Seguridad Social se les reducirán a la mitad, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. La reducción de la cotización alcanzará incluso el 85% en el caso de empresas con menos de 50 trabajadores y en las que tengan más de 50 la bajada llegará al 75%.
En el caso concreto de los ERTE, en esta categoría de ultraprotegido entran las sociedades que han recuperado de este expediente a menos del 65% de los trabajadores y que tienen a más de 15 personas reguladas en el total de afiliados, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Hay que recordar que los ERTE quedaron prorrogados en esa misma sesión del Ministerio hasta finales de enero, pero hay previsiones de que esa prórroga se aumente hasta finales de mayo de este 2021. La situación no parece demasiado halagüeña hasta entonces y parece un trámite condenado a extenderse.
Las salas de juego españolas habían hecho un esfuerzo importante por tratar de ajustarse a las condiciones de la nueva normalidad, de forma que sus espacios fueran zonas seguras para los jugadores que quisieran acudir a ellas. Muchas de ellas han llevado exhaustivas labores de desinfección y han gastado un buen número de recursos en redistribuir todos los puestos y máquinas para ajustarse a la normativa. Incluso con consejos y estando en contacto con fuentes del Gobierno, habían puesto de su parte para equipar a sus empleados y llevar los controles que fueran pertinentes previos a la reapertura. Pero el aumento de los contagios ha dejado poco margen para poder recuperar esa inversión.A todo ello se suman las reducciones en materia publicitaria y de patrocinio que se establecieron en la nueva ley del juego elaborada tras la pandemia y que también dejó tocadas a las grandes empresas españolas.
