SI LAS ADMINISTRACIONES públicas funcionaran con criterios de empresa privada muy probablemente parte de ellas tendrían que echar el cerrojo. Es evidente que en muchos aspectos no pueden funcionar de esa forma, hay servicios que tienen que prestar aunque con ellos pierdan dinero, al menos en un pretendido estado del bienestar. Pero asumiendo eso, resultan difíciles de entender las respuestas que con frecuencia dan quienes dirigen esas administraciones, respuestas que inevitablemente inducen a pensar que, o tienen algo que esconder, o son la casa de tócame roque.
¿Cómo puede un ayuntamiento responder en pleno siglo XXI que desconoce cuántos de sus trabajadores tienen concedida la compatibilidad para trabajar en el sector privado? Eso es lo que preguntó este periódico hace unos días, y no porque se le antojara, sino porque el propio gobierno local acababa de anunciar la apertura de expedientes a dos funcionarios, en uno de los casos porque tiene indicios de que no cuenta con la preceptiva autorización municipal para trabajar como abogado. Lleva años haciéndolo, pero el gobierno local se ha enterado ahora, cuando ha trascendido que es investigado por el juzgado dentro del caso Pokemon en relación a su participación en la pretendida recalificación en el PXOM de las parcelas de la discoteca Valentino, que no llegó a materializarse aunque en el primer borrador del plan urbanístico sí se contemplaba. El funcionario del área de urbanismo, que tiene despacho como abogado, aparece citado en un documento privado en el que se le encargan gestiones para que el PXOM modificara la calificación de las parcelas y permitiera construir viviendas. A cambio, percibiría 90.151 euros.
Pues bien, dice el Concello que, para dar correctamente los datos sobre cuántos funcionarios tienen concedida la compatibilidad, tendría que revisar todos los expedientes de todos los trabajadores (más de 700, precisa), un labor que «non podemos esixirlle que fagan [a los funcionarios]». ¿Cóóómo? En la era de las nuevas tecnologías, de la instantaneidad, de apretar un botón y obtener al momento prácticamente la información que se quiera, ¿el Concello de Lugo no es capaz de sacar ese dato? No hay que olvidar que durante años tuvo un director de nuevas tecnologías y que cada ejercicio son varias las partidas que destina a temas informáticos. Aunque más llamativo aún es eso de que es «un traballo laborioso que non podemos esixirlles que fagan». No seré yo quien diga cuáles son las prioridades de la labor municipal, nada más lejos de eso, pero esa es una respuesta que se da con frecuencia, desde el Concello y desde otras administraciones (Diputación, Xunta...) y que no deja en muy buen lugar a sus dirigentes. Siembra dudas sobre cómo se gestiona lo público y da la impresión de que los funcionarios mandan más que los políticos. Si no es así, algo deberían hacer para evitar que los ciudadanos lleguen a esa conclusión. Si lo es, parece evidente lo que hay que hacer. El problema es que los funcionarios y sus familias también votan. Y en este país los funcionarios y sus familias son muchos votos.
Porque aquí no vale eso de que los recursos humanos son limitados, de que los trabajadores no dan abasto y de que encima se impide ampliar plantillas. Es cierto, todos conocemos funcionarios en esa situación, sobre todo en sectores como la sanidad y la educación, pero también todos conocemos a funcionarios que van muy holgados, por decirlo suavemente. ¿Son una minoría? Puede, pero esa minoría debería simplemente no existir, todo más cuando cobran del erario público y cuando millones de personas sueñan con un puesto de trabajo. Una reorganización de recursos -no siempre posible, pero a veces sí- seguramente ayudaría a corregir ambas situaciones.
Resultan difíciles de entender las dificultades que alega el Concello para facilitar el dato de compatibilidades porque, además, en un ‘pueblo’ -en el mejor sentido de la palabra, no se me enfaden- como Lugo cualquiera sabe cuál es la segunda actividad de un funcionario. Y nadie está diciendo que tener dos trabajos sea delito, ojo, el problema es cuando hay choque de intereses entre la actividad pública y la privada o cuando, aún no habiéndolo, simplemente no es posible desde el punto de vista legal.
Las investigaciones judiciales han servido para evidenciar casos realmente llamativos -casos que sindicatos, políticos y casi cualquier lucense conocía-, como el de un ordenanza que durante un tiempo compatibilizó su labor con la de encargado de la empresa Ora, germen nada más y nada menos que de la operación Pokemon, y que se movía como pez en el agua en la sede de la Policía Local, donde además trabajaba su mujer. «Nunca nadie me dijo nada. Esta situación la conocían la empresa y el Ayuntamiento», dijo a la jueza.
Hace unos años, en una especie de cruzada contra un sector de la Policía Local que le tenía contra las cuerdas, el gobierno abrió expedientes a varios agentes. Como todo Lugo sabía, había policías que a la vez regentaban establecimientos de hostelería, vendían seguros y hasta eran promotores inmobiliarios. Los policías empezaron a delatar a otros funcionarios y se abrieron más expedientes. Pasados seis meses sin que se moviera un papel, los expedientes se cerraron por caducidad. Quién sabe si ese será el destino de los que ahora se abren.
(Publicado en la edición impresa el 9 de noviembre de 2014)
