Ence confirma su permanencia en Pontevedra a dos años de caducar su concesión

La prórroga por 60 años, con un plazo adicional superior a 50, de la concesión de ocupación de los terrenos del centro de operaciones de Ence en Pontevedra cierra una larga tramitación administrativa que comenzó el 8 de noviembre de 2013.

En esa fecha la compañía solicitó formalmente al Gobierno su continuidad en la ría de Pontevedra.

Esta solicitud se reactivó el pasado mes de junio, después de que la Dirección General de Costas avalase la legalidad de su fábrica en Pontevedra y despejase, por imperativo judicial, las dudas jurídicas y administrativas sobre la caducidad de la concesión de la planta a la firma.

Inaugurada en 1963 -aunque su actividad comenzó años antes-, la planta de celulosa de Ence en Lourizán debía abandonar su actual emplazamiento en 2018, cuando caducaría la concesión inicial otorgada en su día por el Gobierno.

Para lograr esta renovación, en los últimos años la empresa presidida por Juan Luis Arregui ha ido anunciando diversos proyectos para la mejora tecnológica, ambiental y paisajística de su fábrica pontevedresa que, según recoge en su solicitud de prórroga, cifra en una inversión superior a los 61 millones de euros.

A pesar del impacto económico y de los empleos directos e indirectos que generó la compañía en Pontevedra, Ence ha tenido que hacer frente a una fuerte oposición en la ciudad.

Especialmente desde que en 1987 se fundase la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), un colectivo ecologista que llegó a denunciar a la empresa por delito ecológico.

De hecho, en 2002, un año después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) privatizase esta compañía, seis de sus nueve directivos fueron condenados por la Audiencia Nacional como responsables de los vertidos de residuos contaminantes a la ría, después de que la empresa asumiera haber cometido este delito ecológico hasta 1994.

Los desencuentros con el Ayuntamiento de Pontevedra comenzaron con la llegada de Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) a la alcaldía en 1999.

Desde entonces, los nacionalistas se marcaron como objetivo el desmantelamiento del complejo industrial de Lourizán y la recuperación de la ría de Pontevedra para otros usos turísticos y marisqueros.

Fernández Lores, una de las voces más críticas ante la permanencia de Ence en Pontevedra, llegó a afirmar recientemente que iba a luchar "por tierra, mar y aire" para impedir la continuidad de la pastera en Pontevedra.

El regidor pontevedrés remitió una carta a Mariano Rajoy para exigirle que la decisión sobre la prórroga no la adoptara un gobierno en funciones -como así ha sido-, para evitar un nuevo "secuestro" de la ría, cometiendo un error "imperdonable e irreversible".

Esta oposición provocó que, ante la pretensión de Ence de cerrar el ciclo de papel en Pontevedra con la instalación de una papelera -proyecto descartado posteriormente- el Consello de la Xunta presidido por Manuel Fraga aprobada en diciembre de 2003 un decreto por el que se declaraba la supramunicipalidad del asentamiento industrial.