En marcha la impugnación de la consulta alternativa del 9N

El Gobierno ha pedido hoy al Consejo de Estado un informe para impugnar todo el proceso de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña, según ha informado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha firmado hoy la petición de informe al máximo órgano consultivo del Gobierno, como paso previo a la impugnación de la consulta alternativa ante el Tribunal Constitucional, que puede decidirse en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que se inician así los trámites de impugnación de todo el proceso del 9N, "de toda la organización que está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña para esa consulta alternativa" denominada "proceso de participación ciudadana".

Presidencia del Gobierno ha confirmado posteriormente en un comunicado que el presidente del Gobierno ha solicitado al Consejo de Estado que el dictamen -que es preceptivo aunque no vinculante-, sea emitido "con carácter de urgencia" para que "se pueda autorizar, en su caso, en el próximo Consejo de Ministros".

Sáenz de Santamaría ha recalcado que la consulta alternativa que promueve el Gobierno de Artur Mas en Cataluña "es contraria a la Constitución y además perjudica los derechos de los catalanes" porque "no tiene una sola garantía democrática". Ha hecho hincapié en la obligación de Gobierno "es que se cumpla la ley" y "proteger los derechos" de los catalanes ante el proceso que está llevando a cabo Artur Mas.

La vicepresidenta ha hecho estas declaraciones antes de participar en la inauguración de la exposición sobre la figura del chef internacional Ferran Adriá, en el auditorio del Espacio Fundación Telefónica.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió el pasado 29 de septiembre, de forma cautelar y por unanimidad, la consulta soberanista catalana al admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra el decreto de la convocatoria del 9 de noviembre que había firmado Artur Mas.

El presidente catalán anunció después que seguiría adelante con lo que denomina "proceso de participación ciudadana", que ahora impugnará también el Gobierno.