LA COMPARECENCIA de la infanta Cristina para declarar como imputada en el juzgado de Palma de Mallorca es un hecho extraordinario, tal como reflejó la atención informativa concentrada allí ayer. Un acontecimiento extraordinario, por la comparecencia para declarar por vez primera ante un juez de un miembro de la familia real, con todos los antecedentes que trascendieron sobre el caso Noos, y en un contexto político y de opinión pública de pérdida de popularidad de la institución monárquica. Esa comparecencia ante el juez de una hija del Rey debería verse y valorarse, por otra parte, como expresión de normalidad ciudadana en una democracia: la justicia es igual para todos. Miquel Roca, en nombre de la defensa de la Infanta, tras algo más de seis horas de declaración de la imputada, realizó ante los medios de comunicación una valoración en la que subrayó los aspectos políticos: «Todos somos iguales ante la ley». Con un matiz significativo de comparación, en la valoración del abogado y expolítico catalán, hacia la opinión pública: la Infanta respondió a todas las preguntas en el juzgado y ante el juez y no como ha sucedido con otros que, por su condición de aforados, lo hicieron por escrito en este mismo caso. Otros, cabría deducir de esas palabras, tuvieron o tienen más privilegios. Miquel Roca, además de defensa jurídica, buscó ante los medios de comunicación una rentabilidad positiva para la Infanta en la opinión pública. Es el aspecto político-institucional de esta presencia de la infanta Cristina en el juzgado el que destaca: por el hecho en sí -las informaciones que han trascendido sobre el caso Noos- y por el contexto de la crisis que afecta a la institución monárquica en España por la suma de escándalos y problemas que afectan a la valoración de la institución y de las propias personas que la encarnan, como la figura de Don Juan Carlos. La transparencia y la normalidad, como la de ayer, pueden contribuir a variar en positivo la valoración ciudadana.
