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Eloy Castro, juzgado por estafar a un camionero

Eloy Castro, en el juzgado de lo Penal número 2
Eloy Castro, en el juzgado de lo Penal número 2
Asegura que coaccionan a sus clientes para que lo denuncien y pidió "ayuda" a la Fiscalía. "¡Que alguien haga algo, por dios!", exclamó ►El ministerio público descarta la teoría del complot y le pide 30 meses de cárcel por vender un vehículo con el tacógrafo manipulado

Eloy Castro Castro —investigado entre otros delitos por el caso Autocentrum y la usurpación de la marca John Deere— acudió de nuevo a los juzgados lucenses como presunto autor de un delito de estafa en la venta de un camión, por el que se enfrenta a dos años y medio de cárcel. Como ya es habitual, el acusado negó de forma tajante los hechos y aseguró que todas las transacciones comerciales que realizó estuvieron amparadas en todo momento por la legalidad.

Eloy Castro entró tranquilo en la sala, contestó a todas las preguntas de las acusaciones, lloró supuestamente emocionado al hablar de sus empleados, y aprovechó su derecho a la última palabra para mostrarse víctima de un complot y pedir ayuda a la Fiscalía. "Me están persiguiendo desde el año 2007 y llevo mucho tiempo esperando para decirlo en sede judicial. ¡Qué alguien haga algo, por dios!", exclamó. El acusado hizo así referencia a una presunta trama policial en su contra y cargó especialmente las tintas contra un inspector que lo investigó en varios casos. "Fue a ver a mis empleados y los coaccionó para que declararan en mi contra. No hay derecho a esto", lamentó.

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Dos de sus empleados habían declarado ante la Policía y en fase de instrucción que en la empresa del acusado se manipulaban los kilómetros de los vehículos, pero se desdijeron y apoyaron la teoría de Eloy Castro. "Mentimos porque la Policía nos presionó", dijeron.

Para el ministerio público, sin embargo, Eloy Castro no es víctima de ningún tipo de conspiración ni venganza, sino todo lo contrario. Según argumenta, el acusado anunció en internet la venta de una cabeza tractora marca DAF, fabricada y matriculada en 2007 y con 412.000 kilómetros. En el anuncio se enumeraba todo el equipamiento del vehículo, así como los extras y una garantía de dos años en toda Europa.

En el mes de enero de 2012, un camionero gaditano se puso en contacto con el acusado y cerraron la venta del vehículo por un precio de 30.680 euros. "Me desplacé a Lugo", explicó el hombre, "y me metió mucha prisa para que le entregara una fianza de 500 euros porque dijo que tenía a su padre ingresado en el hospital. Además me dio solo cinco días para que le ingresara el dinero porque había más gente interesada en el camión. Yo le pagué y me dijo que me llevaba el camión al concesionario de MAN en Madrid. Tardó más de un mes y al final me llamó y me dijo que me lo habían dejado en una gasolinera con las llaves escondidas en la batería".

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El hombre explicó que el camión marcaba 450.000 kilómetros, pero no le dio importancia porque la diferencia con lo que decía el anuncio no era demasiada. Sin embargo, observó que no tenía los extras que se anunciaban. Además, cuando llevó el vehículo a una revisión, en el mes de marzo, se enteró de que el tacógrafo estaba manipulado y se puso en contacto con el anterior dueño del vehículo. Según declaró esta persona en la vista, le vendió el camión a Eloy Castro con 720.000 kilómetros. "Se lo entregué como parte del pago por otro vehículo que le compré. A mí también me engañó en la operación, pero mi abogado me aconsejó que llegara a un acuerdo con él y eso hice".

Eloy Castro asegura que el denunciante vio un camión anunciado en internet, pero cuando se trasladó a Lugo escogió otro, que tenía más kilómetros. El acusado insiste en que hay un contrato firmado en el que el comprador reconoce que el camión tiene 720.000 kilómetros, así como varias taras y exonera al vendedor de cualquier tipo de responsabilidad. El camionero, sin embargo, asegura que nunca vio ese contrato y que la firma que figura en el mismo no es la suya. "Yo jamás compraría un camión con esos defectos y esos kilómetros, y menos por un precio tan elevado. Yo lo necesitaba para trabajar. ¿En que cabeza cabe eso?", declaró. Tanto la fiscal como la acusación particular alegan que el acusado elaboró y firmó esos contratos después de ser denunciado.

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