El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dejó ya virtualmente sin opciones de ejecución el proyecto de explotación de la mina de oro de Salave, con la mayor veta de Europa localizada en el subsuelo de esta localidad ubicada en el municipio asturiano de Tapia de Casariego, a solo siete kilómetros de Ribadeo.
En una nueva sentencia, el alto tribunal asturiano tumbó una decisión del Gobierno del Principado de Asturias que podría permitir continuar a la empresa continuar con sus trabajos, pero falló en sentido contrario en una denuncia presentada por la asociación Oro No. La Coordinadora Ecologista de Asturias, que trabajó de forma coordinada con Oro No, considera que esa decisión del TSJA «demuestra una vez más la connivencia del Principado con la minera Astur Gold por sacar adelante la irregular mina de oro».
El portavoz de dicha coordinadora, Fructuoso Pontigo, expresó su «felicitación a Oro No y a los vecinos de Tapia por este nuevo éxito para el interés público». Ante dicha decisión solicitan ahora la dimisión del Director General de Minería y Energía, Isaac Pola Alonso, «una vez que el otro responsable, el malísimo Consejero de Industria, Graciano Torre, ya no está, para suerte de todos».
Recuerdan que Oro No presentó tres denuncias entre el 10 de octubre y el 14 de noviembre de 2013 ante la Dirección General de Minas y Energía «por las diferentes infracciones y vertidos cometidas durante los sondeos realizados, incumpliendo las condiciones ambientales impuestas en varios de los puntos según resolución publicada en el Bopa presentado pruebas fotográficas y el testimonio de testigos de los hechos sin que fueran reconocidos ni admitidos», lo que ahora corrige el tribunal de justicia.
Pontigo señala que de aquellas denuncias presentadas ante la Dirección General de Minería y Energía, solo conseguimos las amenazas de la minera y de sus subcontratas, que anunciaron que nos iban a denunciar por falsas denuncias. Porque desde Minas se pasó de todo, incluidas las pruebas recogidas por el Seprona, porque la inspección de Minas tardó diez días en ir a ver los hechos denunciados, una vez comunicadas las irregularidades, lo que idea de la dejadez en este grave tema».
Ante esta sentencia creen que Pola Alonso debe dimitir «como encubridor necesario de estos graves hechos que no fueron sancionados pese a ser conocidos».
