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EL ANSIA que por estos lares hay de ser propietario de una vivienda pudo ser un ingrediente más de la burbuja inmobiliaria que vivió el país durante la década pasada, aunque fuera el menor. Sería injusto responsabilizar a los ciudadanos de un incendio que se fraguó en la codicia sin límites de algunos constructores y que los bancos aceleraron prestando dinero a espuertas. El sector está pagando ahora la penitencia. Ni los constructores más responsables y con proyectos racionales obtienen financiación, pese a que, según su criterio, ya casi no queda vivienda nueva en el mercado y la única forma de que el país vuelva a crecer es apostando otra vez por la construcción. Dos afirmaciones que, como mínimo, habría que poner en cuarentena. Eso, siendo enormemente -o insensatamente- generosos.
Pero que el sector quisiera hacerse de oro, en ocasiones con la complicidad de las administraciones públicas, que no velaron por el buen hacer como deberían, no quita que en este país haya un interés por la propiedad que en otros sitios no se ve. Y ese interés no se restringe a un techo bajo el que vivir, llega hasta la última morada. Hay a quien sorprende que por estas tierras una de las preocupaciones de la gente sea hacerse con un nicho o tumba en la que descansar. Lo de descansar es un eufemismo como otro en estos tiempos de maquillaje y circunloquios, porque desde luego la muerte no se antoja la mejor forma de descansar de la vida, ciertamente cansada y cansina en demasiadas ocasiones.
Pero el caso es que, llegada una edad, y no muy elevada, una edad en la que todavía debería faltar mucho para la muerte, la gente hace por asegurarse su última morada, seguramente no por miedo a carecer de ella cuando le llegue el momento sino por ahorrar trastornos y preocupaciones a quienes deja detrás. Aunque también hay quien tiene claro que hay mejores lugares para reposar que un nicho. Conozco a alguien que lleva toda la vida, y no es mucha, diciendo que le gustaría ser enterrada en su huerta. Es suya -y de nuevo surge el concepto de propiedad- y un lugar en el que seguramente ha sido feliz, que tiene un significado para ella, o muchos. Habrá quien considere una excentricidad hablar en estos términos de la muerte, pero quizás si se hablara más de ella, con más naturalidad, porque salvo la vida nada hay más natural, quizás nos resultaría más fácil afrontarla.
Lejos de eso, ante la muerte solemos comportarnos como ante la vida. Hacemos por ignorarla, hasta que nos encontramos de bruces con ella y no queda otra que plantarle cara de la mejor manera posible, aunque a veces no haya mucha manera. Les sucede estos días a varias familias de la parroquia de Muxa sobre las que pesa una orden judicial de tirar sus nichos, en los que ya tienen a personas enterradas. Es Muxa, pero podría ser cualquier otro de esos pequeños cementerios de la provincia que se fueron ampliando sin prácticamente control y que, como el de Muxa, no cumplen la normativa mortuoria. El decreto que regula los enterramientos en Galicia establece que las necrópolis deben guardar al menos 50 metros de cualquier construcción. La norma es de 1998, pero piensen en cementerios encastrados en viviendas, a veces casi pared con pared. Seguro que conocen más de uno.
Sería injusto fustigar a Muxa, aunque es evidente que en esta parroquia las cosas no se hicieron bien y que ejemplifica a la perfección esa política del ‘ti vai facendo’, que tanto funcionó durante décadas en este país y que tantas ‘desfeitas’ dejó. Y por lo que se ve, no solo en las moradas de los vivos. También en las de los muertos.
El cementerio de Muxa comenzó a ampliarse en 1957, en fases sucesivas, por iniciativa de los vecinos y del párroco y sin que ni la Xunta (responsable de la policía sanitaria mortuoria), ni el Concello (administración que da las licencias de obra), ni el Obispado (institución que concede los títulos de las sepulturas) dijeran esta boca es mía. Hay que precisar que Muxa es una parroquia que está prácticamente en el patio de casa de la capital y bastante poblada. No es una de esas aldeas perdidas de la provincia en las que puede resultar más difícil detectar infracciones. Una parroquia que, además, tiene pedáneo, una figura que, según se encarga de recordar el alcalde cuando sale el tema, es el enlade del gobierno con los vecinos, una especie de delegado. Y eso que fueron elegidos en un proceso que Orozco vendió en su día como las primeras elecciones democráticas de pedáneos.
Hay que decir que, en el caso de Muxa, el pedáneo cumplió su función, aunque no se sabe si en aras de la legalidad o en defensa de sus legítimos intereses. La ampliación se hacía sobre una finca colindante con otra suya y afectaba a un pozo de agua situado a unos veinte metros, denunció en 2001. A continuación, el Concello paralizó las obras. El hombre acabaría convirtiéndose en uña y carne del que durante mucho tiempo fue uno de los próceres municipales, el hoy defenestrado Francisco Fernández Liñares.
Si los vecinos de Muxa logran paralizar el derribo y legalizar el cementerio, lo que parece difícil, tendrán que construir aseos, un osario general y un espacio para la quema de flores y otros restos. Todo ello parece razonable, pero se preguntarán los afectados por qué ellos tienen que cumplir una normativa a la que no atienden gran parte de los cementerios de esta provincia. La respuesta es fácil, a ellos les han pillado.
(*) Artículo publicado el domingo, 30 de noviembre, en la edición impresa del diario El Progreso.
