El Tribunal Supremo desbloqueó ayer la entrada en vigor del decreto del carbón, al desestimar las medidas cautelares solicitadas por las grandes compañías eléctricas y la Xunta de Galicia. Esta decisión, que supone un primer paso para la puesta en marcha de la normativa que incentivará hasta 2014 la producción con carbón estatal, no es, sin embargo, algo definitivo ya que el frente del Supremo no es el único abierto por las eléctricas contra el decreto en los juzgados, que están a la espera de las resoluciones de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Luxemburgo.
«Parece que va para adelante la retirada», indica el presidente del comité de empresa de Endesa en As Pontes, Miguel Ángel López, que subraya que la aplicación del decreto es lo que defendió siempre el Gobierno. «Las cosas hay que hacerlas cuando antes y sea lo que sea es mejor saberlo para actuar», comenta, mientras recuerda que hay una comisión de seguimiento abierta en la que el Ministerio de Industria se comprometió a «conceder medidas compensatorias si hay repercusiones en las centrales gallegas, en las que se tendrán en cuenta a las auxiliares y los transportistas, que fueron convocados», destaca.
Supremo
El decreto que incentiva el uso de carbón nacional fija que las eléctricas deben presentar una carta con sus compromisos de compra hasta 2012 en el plazo de tres días, a contar a partir de la entrada en efecto de dicha resolución, lo que ocurrió con su publicación en el BOE el 26 de octubre.
Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa recurrieron dicho decreto ante el Supremo el 14 de octubre por considerar «sumamente perentorio» el plazo de tres días fijado e impugnaron la resolución ante la Audiencia Nacional.
La Xunta se sumó al recurso porque consideraba que con la nueva normativa las térmicas gallegas de As Pontes y Meirama, adaptadas para la quema del carbón de importación, reducirían su producción, lo que afectaría a su rentabilidad y supondría una gran destrucción de empleo.
El presidente del alto tribunal, Pedro José Yagüe Gil, basa la negativa de aceptar las cautelares, tal y como rezan los autos, en que «nos encontramos con una decisión de la Administración, encargada de velar por los intereses generales, que entiende que es conveniente para asegurar la garantía de suministro mantener operativa la industria nacional del carbón», así como con «la afirmación de la parte que considera literalmente lo contrario», señala el Supremo.
Esta «contraposición de perspectivas no puede resolverse en sede cautelar», concluye el tribunal, que ya había negado anteriormente la aplicación de medidas cautelarísimas.
Teniendo en cuenta el dictamen del Supremo, la Audiencia Nacional, el segundo frente abierto por las eléctricas, no tardará mucho en pronunciarse, ya que, según fuentes judiciales, la Audiencia decidió mantener suspendida la obligación de las eléctricas de presentar los citados compromisos de compra de carbón hasta que el Supremo resolviera sobre la petición de suspender cautelarmente el decreto.
Pero además del Supremo y de la Audiencia, sobre el decreto siguen pesando las medidas cautelarísimas aplicadas por el Tribunal de Luxemburgo, que ha fijado una vista para el 10 de enero para analizar el caso, al que aplicó estas medidas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar el decreto compatible con el mercado interior.
Ayudas al carbón
La decisión del Supremo se produce un día después de que Industria publicara en el BOE una orden ministerial que permite prorrogar las ayudas públicas percibidas por las empresas mineras.
El objetivo de esta medida es que las empresas puedan cobrar en enero el adelanto de las subvenciones de 2011, a fin de facilitar su supervivencia y, de esta manera, el mantenimiento del empleo dentro del sector.
El Concello de As Pontes convoca a los vecinos a un acto informativo
El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, informó ayer a los vecinos y vecinas de la localidad acerca de la situación política y judicial actual en la que se encuentra el decreto del carbón aunque a él, al igual que al resto de políticos de la corporación, también le cogió por sorpresa la decisión tomada ayer por el Supremo. En el acto, celebrado en la Praza do Carme, estuvieron también presentes el portavoz de los camioneros, Manuel Bouza, y el presidente del comité de Endesa de As Pontes, Miguel Ángel López.
Una asociación contra el decreto
Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal presentaron ayer en Ferrol la Asociación de afectados por el decreto del carbón, una nueva entidad que tiene como objetivo reducir los «significativos efectos adversos» que provocará en la zona la entrada en vigor de la normativa y que adoptaron como primera medida la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo, el mismo que denegó ayer las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas.
La asociación está constituida por la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, la Cámara de Comercio, la Autoridad Portuaria, la asociación de empresarios de As Pontes, As Somozas y la de camioneros Transpuerto Ferrol-As Pontes.
Esta entidad denuncia que el decreto supondrá la paralización de la térmica de As Pontes, algo que repercutirá en trabajadores, auxiliares y el tejido socioeconómico y alerta de que las descargas de carbón en el puerto de Ferrol se reducirían un 80%, lo que pondría en «serio peligro» al sector del transporte.
Feijóo
En el plano político el presidente de la Xunta desveló ayer que antes de que se tramitase la moción del BNG en la Comisión de Industria del Senado -rechazada con los votos de PP y PSOE-, el representante nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza lo llamó para buscar consenso y sacar adelante la iniciativa que pedía modificaciones en el decreto. Feijóo defendió que quiso «repetir el esfuerzo» realizado en la Cámara gallega -en Galicia se aprobó una iniciativa con este fin- y acusó al Bloque de «no aceptar su enmienda». Mientras, desde el BNG acusan a Feijóo de «lesa patria» y recriminan que las enmiendas del PPdeG no ofrecieron lo mismo que el presidente.
