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El Supremo abre causa contra Chaves y Griñán en el caso de los EREs irregulares

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante una comparecencia esta jornada (EFE/Jose Manuel Vidal)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante una comparecencia esta jornada (EFE/Jose Manuel Vidal)



Chaves y Griñán en sendas imágenes de archivo (AGL)

El Tribunal Supremo ha aceptado hacerse cargo de la parte del sumario de los ERE en Andalucía que afecta a cinco parlamentarios aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Tras la exposición razonada que envió al Supremo la jueza de Sevilla Mercedes Alaya, el fiscal pidió a este órgano que investigue a los aforados Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías en su calidad de diputados del Congreso, y a Mar Moreno y José Antonio Griñán en su calidad de senadores, a lo que accede el alto tribunal en un auto.

La resolución declara la competencia del Supremo para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de estos cinco aforados, al tiempo que designa instructor al magistrado José Alberto Barreiro, conforme el turno establecido.

Respecto a los hechos imputados a otras personas no aforadas, el Supremo dispone que el procedimiento debe continuar ante el órgano competente sin perjuicio de que se le remita todo aquello que tenga relación con los parlamentarios.

En el auto los magistrados hacen constar que en este momento procesal le corresponde exclusivamente a la Sala verificar si, en la exposición motivada que le ha sido enviada, se consignan hechos que, según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos y si existen indicios consistentes o principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas.

Añade que, según la exposición razonada de la juez, hay indicios de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, sociolaborales y directas a trabajadores, que desde el año 2000 se prolongó durante aproximadamente 12 años.

Agrega que el sistema permitía disponer de importantes cantidades de dinero, que ascienden a 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas.

El Supremo explica que, según la exposición razonada de la investigación, hay indicios de la participación en los hechos de los aforados, derivados de su posición de alta y especial responsabilidad política y su intervención en las decisiones de creación o mantenimiento del sistema, llegando en algún caso a ejecutar actuaciones concretas.

El alto tribunal estima que es posible investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos a la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como las actuaciones que permitieron su mantenimiento en el tiempo.

El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre 2000 y 2010, aunque el pasado 15 de julio la jueza acordó ampliarlo a las subvenciones de 2011 y de 2012. 

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