La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGG), el sindicato mayoritario del instituto armado, solicita, en un comunicado, el cambio de destino del sargento suspendido de funciones al tiempo que respalda la versión de los hechos ofrecida por el alcalde, Antonio Muiña.
Este colectivo de guardias civiles asegura que el suboficial al mando del cuartel de Friol "intentó imponer a uno de sus subordinados que firmase una denuncia de urbanismo contra la familia Pacín". "Ese guardia —continúa la AUGG— fue amenazado de forma que, si no rubricaba la denuncia realizada por el sargento, éste daría cuenta a sus superiores de la supuesta desobediencia".
La Asociación Unificada de Guardias Civiles añade que, ante la negativa del agente a firmar la denuncia, "el sargento supuestamente falsificó su firma, al igual que las de los otros dos subordinados que aparecen como denunciantes en el requerimiento, para poder tramitarla".
Esta asociación, la más representativa y numerosa de todas las existentes en el cuerpo, con más de 29.000 afiliados en todas sus escalas, "apoya la versión difundida por el alcalde de Friol, Antonio Muiña, donde desmiente que el cese sea por temas políticos y sí, por motivos internos de la Guardia Civil".
AUGC afirma que el sargento de Friol fue apartado de sus funciones a raíz de que un subordinado "puso en conocimiento de sus superiores una serie de presuntas irregularidades en la redacción de una denuncia urbanística, así como una supuesta falsedad de documento". El sindicato apunta que el propio sargento "reconoció ante el capitán de Vilalba, Virgilio López Rico, y ante el jefe de la comandancia de Lugo, Miguel González Arias, haber falsificado la firma de tres guardias civiles".
El secretario general en Lugo de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Abel Fernández Grandío, asegura que las declaraciones del entorno del sargento expedientado "no tienen ningún sentido, al querer desconcertar y engañar a la opinión pública sobre lo realmente ocurrido y apoya a los guardias civiles de Friol, en cuyo cuartel ellos mismos aseguran que no se respiraba un buen ambiente en la unidad".
La AUGC entiende que las medidas cautelares tomadas hasta ahora —la suspensión durante tres meses— "no son suficientes, pues debería proponerse el cese de destino del mando para evitar un mal mayor en el puesto de Friol y poder mantener la disciplina interna y el respeto al ciudadano en dicha población".
Al parecer, el sargento friolense, ahora suspendido, tuvo diferencias con sus agentes del puesto, entre otros asuntos, por la distribución de los servicios, pues, según las órdenes del capitán, los subordinados debían descansar dos fines de semana enteros al mes.
El enfrentamiento entre el sargento, José Antonio Lage Prado, y el alcalde, Antonio Muiña, es motivo continuo de conversación en Friol. El vecindario no se explica cómo el mando y el regidor, que fueron muy amigos, han llegado a ser férreos opositores.
Amistades comunes
Es más, el sargento, con numerosos amigos en Friol, donde estaba muy integrado, comparte con el regidor amistades, que ahora se ven entre la espada y la pared.
Así las cosas, como único defensor del mando friolense relevado figura la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil de Galicia, que tiene como afiliado al hasta hace poco comandante de puesto de Friol.
El colectivo solicita que sea respetada la presunción de inocencia de su miembro, que posee 40 años de servicio con una hoja impecable, en la que incluso figura entrar en una casa en llamas en Guntín en un auxilio.
Esta asociación ya inició la preparación de la defensa del sargento, que tiene abiertas diligencias desde el 19 y el 20 de agosto. Todavía no hay imputaciones ni administrativas ni penales.
