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El secuestro de Pescanova

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AHORA que tenemos juezas estrella, sobre todo por Galicia y Andalucía, y jueces estrellados, con Elpidio José Silva como controvertidísimo faro de los mártires del batacazo bancario, ya va siendo hora de que otros magistrados tomen la palabra, aunque siempre es preferible que hablen por sus autos y providencias. Abonado impenitente a este recurso es el juez Pablo Ruz, que desde la Audiencia Nacional se multiplica discretamente y lleva la causa contra el anterior consejo de administación de Pescanova, previa querella de la Fiscalía Anticorrupción. En el lado opuesto está Roberto de la Cruz, que desde el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra se prodiga poco y tramita el concurso de acreedores de la compañía. Sin embargo, ha llegado su momento. Su hora.

Buscar explicaciones al enredo en que se ha convertido la suspensión de pagos de la compañía semeja una tarea titánica, por todas las aristas del caso y la cantidad de protagonistas que se entrecruzan, con sus correspondientes intereses. Sin embargo, encontrar esas mismas explicaciones resulta mucho más sencillo de lo que parece. Sucede algo similar a la hora de detectar a los responsables de un desaguisado financiero y empresarial como pocos se han visto en este país, que amenaza con llevarse por delante la segunda empresa gallega, con 12.000 trabajadores. No es asunto menor. Y las contradicciones son muchas.

¿Cómo es posible que un consejo de administración suspendido de funciones ejecutivas por el juez desde hace un año se dedique a aprobar, y defender, una propuesta de convenio concreta presentada por el grupo acreedor al que representa? ¿A qué viene tanto fuego de artificio en las negociaciones con la banca si tan siquiera está facultado para firmar las cuentas y el balance de la compañía correspondiente a 2013, como ha quedado patente? ¿Habla Pescanova cuando lo hace su consejo? ¿O es un grupo que logró desalojar en la última junta a los anteriores gestores y lo que busca es hacerse fuerte a toda costa, a sabiendas de que representa poco más del 12% del capital de la compañía? ¿A quién quiere engañar Demetrio Carceller asegurando que solo votan los consejeros independientes determinadas propuestas, y no sus patrocinados? Demasiadas preguntas, pero pocas respuestas. Entre ellas, una está meridianamente clara, por muy desapercibida que esté pasando para el gran público. Y es de capital importancia.

La administración concursal de Pescanova no recae en última instancia en dos ejecutivos de Deloitte, aunque lo parezca. Es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la autoridad bursátil, para entendernos, quien gobierna esta suspensión de pagos. Lo hace por resolución del juez Roberto de la Cruz. Y es por delegación expresa del organismo regulador de los mercados que preside Elvira Rodríguez por lo que actúan Senen Touza y Santiago Hurtado, los chicos de Deloitte. Por tanto, ¿qué está haciendo la CNMV que no actúa ya en lo que se puede definir como el secuestro de un consejo en teoría inoperativo pero cargado de supuestas razones? Nadie pone en duda que Deloitte, por esa misma delegación, lo ha hecho bien en esta crisis. Pero llega un momento que los acontecimientos superan a Touza y Hurtado. Y de largo.

Por obra y gracia de unas diferencias que son insalvables, y que se derivan de una crisis de confianza generada el último mes entre el grupo de Demetrio Carceller y Luxempart y la gran banca acreedora, Pescanova corre el riesgo de enfilar un precipicio del que, como mínimo, saldra muy magullada. El riesgo de liquidación es más verosímil que nunca, en directa proporción a la pérdida de credibilidad del proyecto de Carceller, que sigue en sus trece de llevarse el premio gordo sin apostar.

Tenemos en estos tiempos de desasosiego la sana costumbre de no fiarnos un pelo de la banca en este país. Y por algo será. Pero, si hablamos de una compañía con un patrimonio negativo de 1.600 millones de euros, y deuda financiera que roza los 4.000 millones, ¿qué papel atribuimos a sus acreedores bancarios si no es el de propietarios de facto? Juan Manuel Urgoiti, presidente poco menos que de cartón piedra en Pescanova, lo sabe bien. Y, sin embargo, sigue su haciendo su trabajo, al dictado de Carceller.

Esta es la realidad de una recta final sin convenio de acreedores viable, a pesar de que haya uno presentado. Por ello es más necesario que nunca que hablen ya quienes tienen legitimidad y potestad para hacerlo. De un lado, el juez. Y de otro, la autoridad busrátil, en estado durmiente en toda esta crisis, pero la única capacitada para poner algo de orden ante tanta tropelía. Pescanova y sus trabajadores se lo merecen.

Un ''todo incluido para la Galicia de 2020

MUCHA LETRA y poco número. Sin embargo, resulta clave pensar hoy la Galicia del futuro, cuando seamos menos y más envejecidos, al tiempo que nuestros sectores productivos ahora emergentes lleguen a la madurez, y las ayudas europeas toquen a su fin. Por ello, es una cuestión de mínimos dibujar, aunque sea con trazo grueso, esa Galicia de aquí al año 2020.

La Xunta presentó esta semana, con visita del comisario europeo del ramo incluida, lo que denomina Estratexia de Especialización Intelixente, con el objetivo de captar fondos europeos destinados a la innovación y de paso perfilar un modelo de futuro para la economía gallega. Otro modelo, en teoría, que nos diga qué queremos ser realmente de mayores.

Sin embargo, la revisión de la letra pequeña de la iniciativa nos devuelve a los grandes y escasos números de la propia presentación, esos 1.600 millones de inversión que, entre fondos europeos y capital privado, se movilizarán en los próximos años. Hay novedades en la hoja de ruta, es cierto, y algunas sustanciales, como lo es la apuesta por un nuevo modelo de vida saludable basado en el envejecimiento activo, pensando precisamente en ese declive demográfico que tenemos delante. Sin embargo, cuando el plan aborda el modelo industrial de futuro, toca casi los mismos palos de siempre: auxiliares del naval, automoción, algo de nuevas tecnologías...

Resulta imprescindible ahora mucha más concreción para conocer el alcance real de esta iniciativa. Es de esperar que de ello se encarguen la veintena de programas que incorpora. Y habrán de ofrecer números. 

ELENA MUÑOZ ♦ Revisar previsiones de PIB y dar números es lo que toca ahora

PRUDENTES fueron las previsiones de crecimiento de la economía gallega para este año y prudente es ahora también la conselleira de Facenda cuando señala que los números están superados, que esto va mejor. Pero, ¿cuánto mejor? Si los presupuestos gallegos se elaboraron con una estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,8%, un punto por encima de las cuentas diseñadas por el Gobierno para el conjunto de España, toca ahora poner números a ese optimismo de la Xunta. Es cierto que desde el ámbito privado, sin ir más lejos el BBVA, se apunta a un crecimiento del 1,5% este mismo año, liderando el alza del PIB por autonomías. Por eso, toca ahora mojarse, que se dice, y ofrecer esa estimación de crecimiento una vez bien revisado el escenario. ¿O será que la conselleira está esperando a que se acaben de cocinar los números gordos en Madrid para tener una referencia y retocar al alza los prespuestos gallegos?

JESÚS MÉNDEZ ♦ Por la defensa de la única entidad de capital gallego en pie

¿A CUENTO de qué viene cambiar algo cuando funciona? ¿Acaso no han demostrado durante años las cajas rurales que son un modelo de éxito? ¿Qué persiguen el ministro de Economía y el Banco de España con los cambios que preparan en el sector de las cooperativas de crédito? ¿Tendrá algo que ver con compromisos con Bruselas nunca del todo aireados? ¿O con pactos inconfesables con los grandes bancos? Lo cierto es que los números de las cajas rurales están ahí, y ya cuentan con una estructura en red que no hace necesaria fusión alguna, como ahora se plantea. Un buen ejemplo de todo esto es la Caixa Rural Galega, que dirige Jesús Méndez Álvarez-Cedrón. Y frente a las cuevas en que se convirtieron las dos extintas cajas, Caixa Rural cuenta con 15.000 socios propietarios, que lo son de la única entidad financiera de capital gallego que queda en pie.

(Publicado en la edición impresa de El Progreso el 22 de marzo de 2014)

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