El sector demanda al Gobierno que aclare si habrá devoluciones para que prosperen los nuevos contratos

El naval gallego reclama agilidad al Gobierno en la definición de "quiénes", entre entidades financieras e inversores, deben devolver ayudas del anterior sistema de bonificaciones fiscales y "de qué manera", para comenzar a cerrar hasta 16 contratos que están en fase de negociación en este momento.

El portavoz de la patronal gallega del metal, Enrique Mallón, ha indicado tras reunirse, junto con responsables de los astilleros de de Vigo, con el alcalde, Abel Caballero, que si el Gobierno actúa "con prontitud" en la implementación de la resolución de la Comisión Europea, algunos contratos se podrían anunciar "próximamente".

La clave está, según Mallón, en que inversores y estructuradores "sepan a qué atenerse, cuáles son los plazos y los importes" de las devoluciones, y de forma paralela "empezar a poner en valor" el nuevo tax lease, el que "mayor seguridad jurídica tiene" de los 17 existentes en la UE.

Mallón ha manifestado que "el aspecto positivo" de la resolución del expediente es que hoy existe "mayor seguridad jurídica" para el sector, algo que los astilleros tratan de hacer ver a inversores y armadores, con los que mantiene un "diálogo permanente".

Ha hecho hincapié en que la situación de los armadores que recientemente enviaron escritos en los que avisaban de que no volverían a contratar ningún barco en España si tenían que devolver ayudas "es distinta", al igual que la de los astilleros, y ha confiado en que "vuelvan" aquellos que "en teoría se habían ido".

Mallón ha enfatizado que una de las prioridades del naval es convencer a armadores, financieros e inversores de que éste es "un sector vivo, con capacidad de movilización en los despachos y en la calle", y se ha mostrado seguro de que estos agentes "saben que somos de fiar".

"Se nos puso un obstáculo -el expediente abierto al anterior tax lease en 2011-, pero tenemos armas para sortearlo", ha enfatizado el portavoz de Asime, quien ha abogado por que la situación sea de "importante claridad" pasadas "no más de dos semanas" desde el pronunciamiento del Colegio de Comisarios.

Respecto a la posible presentación de un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia, ha comentado que no implicaría "una inseguridad" para los inversores y estructuradores, que "no deben verse abandonados" ni pensar que "el naval no protege sus intereses", ha dicho.

Mallón ha abundado en que cualquier jurista puede argumentar que "una forma de defender tus intereses es presentar un recurso cuando entiendes que se han visto perjudicados o dañados", pero en todo caso ha remitido a una decisión consensuada con la administración y los sindicatos.

Pero por si acaso, ha insistido en recalcar que el sector "no los dejará solos en la batalla legal que quieran emprender o en la defensa de sus derechos".

En la misma línea, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido al Gobierno central que "se aproxime" a inversores y estructuradores y que actúe con diligencia en las gestiones que debe realizar para generar "certezas" en el sector naval.

Caballero ha considerado que "en pocos días" la administración central debería definir "los efectos" que la resolución de la Comisión Europea tendría en cada inversor y contactar con ellos para ver "cómo se resuelve este ajuste de cuentas con el pasado".

Ha señalado que la Comisión Europea y el titular de Competencia, Joaquín Almunia, a quien propondrá la próxima semana como persona non grata en Vigo, "ya son pasado", mientras que el Gobierno de España es "el presente y el futuro".

El alcalde de Vigo ha reiterado su propuesta de habilitar "garantías adicionales de financiación" al sector naval a través del ICO; ha recalcado la importancia de mantener activo el "frente común" y ha hecho votos por "valorar seriamente" la posibilidad de recurrir por la vía judicial la resolución de la Comisión Europea.

"Es una decisión que se tomará en su momento, pero no se debe descartar en absoluto porque el sector tiene toda la razón", ha añadido.

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