El alcalde de Friol, Antonio Muiña, asegura que el sargento de la Guardia Civil del municipio, José Antonio Lage Prado, apartado del cuerpo, reconoció ante el capitán del instituto armado en Vilalba, Virgilio López Rico, y ante el comandante en Lugo, Miguel González Arias, «haber falsificado las firmas de tres guardias civiles» en la denuncia urbanística formulada por las supuestas irregularidades de un edificio propiedad de la familia Pacín.
El regidor friolense afirma que uno de los agentes, José Manuel, se negó a firmar el escrito por considerarlo «falso». Ese guardia, según Muiña, «entró en una fuerte depresión por sus discrepancias con el sargento expedientado —malas relaciones que eran comunes a la práctica totalidad de los guardias civiles que convivían en el cuartel de Friol—». El suboficial suspendido de funciones llegó a denunciar al agente José Manuel por una falta grave de desobediencia, según Muiña, que se basa en comunicaciones hechas a él por el capitán de Vilalba y el comandante en Lugo.
En un extenso comunicado, el regidor friolense asegura: «Lo verdaderamente curioso y grave se produce cuando el sargento en persona presenta la denuncia urbanística por el edificio de la familia Pacín en el registro del Ayuntamiento de Friol. Dicha denuncia viene firmada por el propio sargento y tres guardias civiles, siendo uno de ellos José Manuel, el guardia que se negó a firmar el documento y de cuya negativa dio cuenta el sargento ante el capitán».
Presuntas falsedades
A raíz de estos hechos, el capitán en Vilalba Virgilio López solicitó una entrevista con Muiña, sin que mediase denuncia alguna por parte del alcalde. En la reunión Virgilio López comunicó al regidor que el sargento había incurrido presuntamente «en una supuesta falsedad en la redacción de la denuncia y en otra posible falsedad al falsificar las firmas de los tres guardias civiles», según refiere el mandatario. Añade que el 19 y el 20 de agosto el capitán y el comandante informaron de las posibles actuaciones punibles del sargento al juzgado y a la Fiscalía, por si las consideraba objeto de delito penal.
Antonio Muiña recalca que el sargento expedientado «elaboró él mismo la denuncia urbanística contra la obra de la familia Pacín, lo que denota claramente acritud y animadversión». «La ejecución de esa denuncia —prosigue Muiña— la enconmendó el sargento a dos guardias civiles del acuartelamiento de Friol, que, personados en la casa en cuestión, solicitaron las correspondientes licencias de obra y, una vez revisadas, manifestaron que todo estaba en orden y que podían seguir». Esos hechos, según el alcalde, no impidieron que el sargento continuase adelante con la denuncia, que el presentó «con tres firmas falsas de los guardias civiles».
Sin licencia alguna
Muiña también aclara que no hay una relación causa efecto entre la denuncia formulada por el sargento contra la obra de la familia Pacín y la paralización de los trabajos de condicionamiento del cuartel.
«La paralización de estas obras en el acuartelamiento vienen dadas —dice el alcalde— porque un operario de la adjudicataria se acercó al Ayuntamiento para preguntar qué tenían que hacer para legalizarlas, dado que carecían de licencia, tanto de obra mayor como de menor».
En relación a este asunto, el mandatario prosigue: «Independientemente de que el sargento impidió la entrada en el cuartel a la arquitecta municipal, es obligación de la alcaldía la paralización de cualquier obra sin licencia de la que tenga constancia. Además el propio capitán de Vilalba y el comandante en Lugo opinaron que era preferible parar las obras hasta su legalización».
El regidor insiste en que el sargento de puesto de Friol, de 56 años, fue apartado del servicio «exclusivamente por las actuaciones internas de la Guardia Civil ante hechos y delitos muy graves cometidos por dicho suboficial». Añade que, a su juicio, la propia Asociación de Suboficiales fue «engañada por el sargento, pues no hubo presiones políticas».
Muiña indica que «esas tergiversaciones podrían hacer que se consultase jurídicamente la posibilidad de personarnos en el caso». El mandatario quiere saber quiénes son los compañeros, con nombres y apellidos, que, según la Asociación de Suboficiales, apoyan al sargento. «Es absolutamente evidente que ni los propios guardias del cuartel de Friol, ni, por lo expuesto, sus superiores, respaldan al suboficial», apunta el regidor. Muiña dice que la Asociación de Suboficiales «flaco favor le hace al cuerpo al que pertenece cuando manifiestan que el sargento fue apartado por presiones políticas». El colectivo de suboficiales guardó silencio ayer para no entorpecer el curso judicial.
