El responsable de Recursos Humanos dice que advirtió a Baltar que las contrataciones eran irregulares

El responsable de Recursos Humanos de la Diputación de Ourense, José Luis Suárez, ha responsabilizado hoy al expresidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Luis Baltar Pumar, de la contratación de manera directa, y sin atender los procedimientos normativos, de 104 trabajadores en enero de 2010.

"No había amparo normativo" para las contrataciones, ha asegurado Suárez en su declaración como testigo en la primera jornada del juicio que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Ourense contra el exbarón gallego, acusado de la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa.

El responsable de Recursos Humanos ha atribuido a Baltar la decisión de contratar a estos trabajadores sin respetar los procesos administrativos establecidos: "Ordenó la contratación directa por razones de urgencia".

Según los plazos, el proceso ordinario se prolongaría tres o cuatro meses por lo que el presidente ordenó que se "procediese a la contratación directa de una serie de personas", ha explicado Suárez, quien ha reconocido la "necesidad evidente" de incorporar nuevo personal eventual ante la carencia de recursos humanos en distintos servicios de la administración.

En su declaración esta misma mañana, el expresidente de la Diputación y del PP de Ourense ha descargado la responsabilidad de estas contrataciones en los técnicos del ente provincial y ha asegurado que su labor se limitaba a realizar una "criba" de los currículos recibidos para que después el jefe de Personal, siempre de acuerdo con los jefes de servicio, designase a las personas adecuados para aquellos puestos considerados de mayor urgencia.

"Yo daba nombres y ellos hacían adscripción a puestos de trabajo pertinentes", ha afirmado Baltar en su declaración ante la jueza de lo Penal que instruye el caso.

El responsable de Recursos Humanos de la Diputación ha refutado estas explicaciones y ha asegurado que era el propio presidente quien "daba el puesto y el nombre" de los contratados, al concretar que "los nombres me los da el presidente", ha repetido ante las preguntas de la Fiscalía.

Suárez ha asegurado que el procedimiento de contratación no se ajustaba tampoco al procedimiento extraordinario al no haberse procedido a su convocatoria pública ni a su fiscalización previa.

Fue un "fallo grave", también ha reconocido sobre la ausencia de control económico previo su entonces máximo responsable, el interventor José María Baños.

El jefe de Recursos Humanos, pese a contradecirse en varias ocasiones, finalmente afirmó haber advertido al presidente de que el procedimiento era "ilegal", algo que contrasta con las manifestaciones de la defensa del expresidente de la Diputación que ha argumentado que éste no era consciente de las irregularidades que estaba cometiendo en estas contrataciones al declarar que "estaba convencido de que las cosas se estaban haciendo bien". También apuntó Suárez que para cubrir esas plazas "podíamos haber tirado de las listas previas" de contratación, ha apuntado.

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