El gobierno de la Diputación de Lugo, que encabeza la popular Elena Candia, aseguró este jueves que continúa con la tramitación de la segunda fase del programa Ben Empregado, "dentro de la normalidad", y negó que esté "destruyendo ningún empleo". Los populares salieron así al paso de las acusaciones vertidas por la mañana por el grupo provincial socialista, que acusó al gobierno provincial de paralizar la contratación de los doce agentes que tienen que llevar la gestión de este programa y, consecuentemente, bloquearía la contratación de 306 personas por parte de 288 empresas de Lugo.
El diputado delegado de Economía e Demografía, José Antonio García, recordó que "solo han transcurrido diez hábiles" desde el cierre del plazo de recepción de solicitudes, un tiempo claramente "insuficiente" para evaluar las 1.700 recibidas.
García afirmó que "el nerviosismo de los socialistas los lleva a generar alarma entre los ciudadanos" y aseguró que el nuevo gobierno garantizará que los programas de empleo se desarrollarán con un carácter "objetivo y dirigidos a todos los ciudadanos de la provincia".
De hecho, recordó que durante la primera fase del Ben Empregado, los miembros del bipartito "tardaron hasta tres meses en realizar las primeras contrataciones desde que finalizó el plazo de registro de solicitudes".
Las críticas del PSOE
Por la mañana, el socialista Pablo Rivera aseguró que, "nada más llegar, Candia paralizó la contratación de los doce agentes" necesarios para "la gestión del Ben Empregado II", de modo que "frenó" la ejecución de este "macroproyecto, que ofrece trabajo a 306 parados lucenses en 288 empresas y asociaciones".
"Nosotros dejamos abierto el proceso de inscripción para los desempleados y el Partido Popular no hizo absolutamente nada, consiguiendo que el número de solicitudes se redujese en un 40% con respecto a la primera edición del Ben Empregado", expuso.
El socialista instó a Elena Candia a "trabajar en el tiempo que le queda en la Diputación", en vez de "ejercer como delegada de la Xunta, pagando las facturas del gobierno de Feijóo con dinero provincial" y "atienda a la prioridad número uno de los lucenses", que es "el empleo". Rivera aludía de esta forma a la asunción del plan de asistencia social que había rechazado el bipartito que gobernó la Diputación desde el 14 de julio de 2007 hasta el 24 de junio pasado.
