El PSdeG apuesta por profesionalizar las cajas de ahorro, de manera que propondrá que en la futura ley que regule estos organismos se impida que quien ocupe un cargo político pueda figurar en un consejo de administración. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, informó este sábado de las 74 enmiendas que han presentado a la proposición de ley de reforma de las cajas de ahorro, que afectan a la mayor parte de los artículos.
El PSOE propone que la representación de la Comunidad autónoma en las Cajas, de la que ahora se carece, debe ser de en torno al trece y el 21 por ciento. El primero de los casos, dijo, para Caixanova, ya que en ella tienen presencia las diputaciones provinciales, y un 21 en el de Caixa Galicia, donde no la tienen.
Además, Fernández Leiceaga apuntó que los socialistas no optan por impedir cualquier alianza externa de las cajas a través de la ley, por entender que no es ''sensato'' en función de la evolución del sistema financiero es tal que pueden darse distintas circunstancias. Pero sí han elegido, dijo, establecer mecanismos, para todo tipo de fusiones o alianzas como las SIP, un sistema en el que sea la Xunta y no la conselleira de Facenda la que tome la decisión final, lo que a su juicio obliga a un debate público de la decisión.
En el caso de las fusiones externas, señaló, también se debe establecer un sistema en el que participe el Parlamento.
Profesionalidad
Otra de las enmiendas de los socialistas trata de mantener la profesionalidad y solvencia de las cajas, para lo que el PSOE pretende que todos los integrantes de los distintos órganos garanticen los requisitos de profesionalidad y capacidad.
Para ello, el PSdeG trata de excluir a todo cargo político, desde diputados, directores generales, alcaldes, concejales o asesores, de los consejos de administración de las cajas y la comisión de control, aunque sí permitirían que los diputados estén presentes en la asamblea general, pero sin eximirles de los requisitos de profesionalidad.
El diputado socialista, además, insistió en que el nivel de consenso es básico para que la ley pueda tramitarse con rapidez, al tiempo que advirtió de que si no se da este consenso, ''la rapidez no es buena'', puesto que la ley debe tener vocación de perdurar. El PSdeG, finalmente, apostó por implantar la figura del Valedor del cliente, así como por elaborar un registro de intereses de altos cargos que incluya también sus retribuciones y tenga un carácter público.
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17/abr./24
