El presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, consideró este miércoles que la denuncia que tramita la Fiscalía por su proceder en la declaración de impacto ambiental de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo, Lugo) en 2005 "no prosperará en ningún sentido" y "será archivada", entre otras razones, porque la Comisión Europea (CE) concluyó en 2007 que no existía "ningún indicio de infracción" a ninguna directiva ambiental en este caso concreto.
En declaraciones a Europa Press, el que en 2005 era director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental se remitió al escrito, de 17 de octubre de 2007, de la Dirección General de Medio Ambiente de la CE en el que se informa del archivo de la reclamación formulada por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega).
Álvarez-Campana atribuyó la denuncia de la Fiscalía, de la que precisó que todavía no ha sido admitida a trámite y en la que el ministerio fiscal "no se posiciona", al intento de Adega de conseguir lo que "piensa que es correcto".
A su juicio, éste es "un caso sencillo" porque "no existe ningún tipo de infracción ambiental", insistió, "ya está acreditado por la CE". "No hay materia a mi entender", señaló a Europa Press en referencia a la denuncia, "no tiene contenido ninguno", añadió, por lo que se declaró "plenamente convencido y tranquilo".
En esta línea, defendió su trabajo, ahora como presidente de Portos de Galicia y anteriormente como director general en el Gobierno Fraga, "con todos los requisitos de cumplimiento de la normativa nacional, europea y regional y también con las mejores técnicas científicas para la protección del medioambiente".
Aparte, el que fuera director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental precisó que una declaración de impacto ambiental es un "instrumento" que permite al órgano competente "pronunciarse sobre la necesidad o no de medidas correctoras" a la hora de realizar una actividad, aunque no sobre "el hecho de hacer o no esa actividad".
Por ello, recalcó a Europa Press que su función, en el caso de la tramitación del proyecto de Rinlo, estaba "solamente ceñida" al campo ambiental y "nunca al urbanístico ni otros campos". "Creo que se han hecho las cosas bien, como hay que hacerlas y ahí están los resultados, el dictamen de la CE", esgrimió.
"Formulé centenares de declaraciones de impacto ambiental de instalaciones de actividades, pero nunca manifestaba si debería hacerse la actividad o no", reiteró sobre esta cuestión y añadió que es el órgano sustantivo el que aprueba o no si una piscifactoría se construye.
"Esas declaraciones están hechas con todo el mejor conocimiento, la mejor práctica y sometidas a revisión por mejores conocimientos", concluyó.
"No hay injusticia ninguna"
En relación al posible hecho delictivo de prevaricación medioambiental referido por el fiscal especializado en Medio Ambiente, Alvaro García Ortiz, Álvarez-Campana manifestó que, para ello, tendría que haber dictado una resolución a sabiendas de que era injusta y que causase daño.
"Estoy convencido de que no hay injusticia ninguna, no hay ningún error, porque formalmente y científicamente está hecho de la mejor manera posible, y tampoco hay ningún daño causado", rebatió para añadir que, además, el proyecto de la piscifactoría de Rinlo "tampoco se ha realizado".
A este respecto, subrayó a Europa Press el "rigor técnico y científico" con el que se efectuaron "todos" los procedimientos de su antigua Dirección Xeral. "Estamos seguros de que esta denuncia no prosperará en ningún sentido por esta razón", reiteró.
