El PP rechaza investigar los cursos de formación en el Parlamento

El PP ha rechazado hoy con sus votos la solicitud de AGE y BNG, apoyada por el resto de la oposición, para constituir una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el uso de las subvenciones y fondos públicos en la organización de cursos de formación sufragados por la Xunta.

La Policía Nacional detuvo el pasado 15 de octubre en Galicia, en el marco de la operación Zeta, a siete personas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración pública tras recibir más de veinte millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas destinadas especialmente a la ejecución de actividades formativas.

El diputado del PP Miguel Tellado ha defendido que la Xunta "fue la que denunció" y está personada en esta causa como perjudicada y ha acusado a los grupos de la oposición de querer "enlodar" la política y querer de hacer una "causa general" contra el PP y la Xunta.

En su opinión, no hace falta una comisión de investigación porque "ya hay una investigación judicial" en marcha en la que ha pedido "no interferir" por lo que ha considerado que "no hace falta politizar" este asunto para "no desprestigiar".

Sin embargo, los portavoces de los grupos promotores de la petición de investigación, Francisco Jorquera (BNG) y Juan Manuel Fajardo (AGE) han coincidido en que si el PP quiere tener credibilidad en la lucha contra la corrupción debería haber apoyado que se investiguen las presuntas irregularidades de los cursos en el Parlamento, tanto de las legislatura de Núñez Feijóo como de las anteriores.

Ambos han rechazado que fuese la Xunta la que denunció las presuntas irregularidades ya que han señalado que fueron extrabajadores de las empresas investigadas los que alertaron.

Además, también han incidido en la relación de las personas investigadas con el PP, algunas muy próximas al presidente de la Xunta, como el empresario Pachi Lucas.

Esta persona aparece en la investigación como presunto "conseguidor" y ambos diputados han recordado que según el principal implicado, Gerardo Crespo, estaba en su nómina "como abrepuertas" con la Administración y "parece ser que muchas veces dormía en Monte Pío", residencia oficial del presidente gallego.

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