El presidente del PP vivariense, César Aja Mariño, aseguró ayer que el bufete de abogados que lleva los asuntos legales del Concello vivariense tiene un embargo de 22.878,57 euros derivado de una deuda con la Seguridad Social. En este sentido, recuerda que la obligación de la Administración pública de contratar con empresas que estén al corriente en sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
César Aja ya remitió un escrito al Valedor do Pobo, en el que se queja de que el gobierno socialista de Viveiro no facilita al grupo popular la documentación solicitada sobre asuntos judiciales y gastos ocasionados por los mismos, tanto de abogados como de procuradores, así como los referidos a costas e intereses. El popular estima que los gastos por estos conceptos superan el millón de euros.
