El pleno de Sarria reprobó el jueves a la alcaldesa y su gobierno por no solicitar las ayudas para el área de rehabilitación integral (Ari). El PP lo achacó a la «desidia» de los mandatarios, mientras que la alcaldesa alegó que no las pidieron por la escasa demanda de estas subvenciones.
La reprobación, propuesta por los populares, recibió diez votos a favor (del PP, el concejal de Independentes de Galicia y los no adscritos Benjamín Escontrela y Antón Fortes) y cuatro en contra del gobierno, ya que tres de los ediles no asistieron al pleno. El portavoz del PP, José Antonio García, señaló que es una «neglixencia importante» no haber pedido las ayudas «con custo cero para o Concello» y que permiten a los vecinos la rehabilitación de viviendas del casco histórico.
La alcaldesa, Pilar López, alegó que no lo hicieron por la escasa demanda de estas subvenciones. Según su versión, en tres años fueron presentadas cuatro solicitudes, de las que solo le fue concedida una ayuda de 11.000 euros a un vecino. Afirmó que no es «rentable» solicitar estas subvenciones, pues elaborar el expediente supondría «un retraso dun mes nas licenzas de urbanismo».
«Non deberiamos pedir a súa reprobación, senón a dimisión porque as perderon intencionadamente», respondió García.
En la sesión también se desveló, a raíz de una pregunta del PP, que los cuatro comerciantes de la plaza de abastos serán desalojados. En el pasado mes de julio ya se ordenó su desahucio, aunque los negocios presentaron un recurso. El gobierno aseguró que ya recibió el informe jurídico en el que se rechaza dicho recurso. Ahora se está elaborando el decreto de alcaldía para notificarles la orden de desalojo, dijo en la sesión.
El momento más tenso de esta se vivió en el debate de una moción del PP en la que instaba a no abonar una factura de 4.300 euros de un asesor jurídico «que a alcaldesa contratou e usou a título persoal, presuntamente por intereses políticos, pero que nunca tivo rexistro no Concello». Considera, que podría tratarse «dun fraude e dunha presunta malversación de fondos públicos». García la acusó de tener «oculto durante dez meses» dicho documento sobre el área económica del Ayuntamiento.
Plaza de abastos
Los comerciantes del mercado serán desalojados al ser rechazado el recurso que presentaron
Bronca
La alcaldesa y el PP se enfrentan por un informe sobre el área económica de un asesor jurídico
Pilar López leyó un escrito del abogado en el que amenazó con tomar medidas legales contra los firmantes de la moción. La alcaldesa argumentó que usó el informe «para salvar o Concello». «Se se deu pagado», tras la suspensión de pagos a proveedores y trabajadores municipales, «foi conforme a el», dijo. Afirmó que en base a ese documento elaboró un decreto «para intentar levantar o reparo de intervención e secretaría».
Los populares presentaron una tercera moción para que se desista de las obras que «danen» el mercado ganadero. El concejal de ferias, José Manuel López, aseguró que la actuación supondría «un beneficio estético e sanitario», aunque anunció que no ejecutarán la obra planteada y negociará con la oposición «para reorientala e chegar a un acordo».
Además, se trató otra moción del PP sobre la retribución de una trabajadora, aunque finalmente quedó sobre la mesa a la espera de un informe jurídico.
Sí se aprobó con el voto a favor de todos los concejales la designación de una comisión de estudio para la gestión de la piscina climatizada, de la que formarán parte todos los miembros de la corporación. Con motivo del debate de este asunto, un vecino acudió al pleno con bañador y toalla, como ya lo hizo en anteriores sesiones.
