El nuevo 'catastrazo' para naves agroganaderas asesta otro golpe al rural

La recaudación por la contribución rústica se podría multiplicar hasta por diez, tras obligar el Gobierno a tributar por granjas, establos y otras instalaciones antes exentas
Vacas en una explotación mariñana
photo_camera Vacas en una explotación mariñana

Las explotaciones agroganaderas lucenses, inmersas en una profunda crisis al tocar fondo los precios de productos como la leche y la carne, acaban de encajar un nuevo golpe que ensombrece aún más su futuro: el aumento desorbitado de los pagos por la contribución rústica. La recaudación del Gobierno por ese concepto puede llegar a multiplicarse por diez, según Unións Agrarias, ya que esas familias tributarán por granjas, naves y otras instalaciones ligadas al sector primario antes exentas. El Catastro las está dando de alta en el marco de una revisión que inició en 2014 y acabará este año. Varios concellos ya han pasado al cobro los recibos actualizados, entre la sorpresa y la indignación de los afectados.

1. ¿Por qué bienes se pagaba antes la contribución rústica?

Hasta ahora solo había que declarar las fincas de naturaleza rústica. Además, según fuentes del sector, en la práctica muchas veces no se llegaba a pagar por ellas porque, salvo en el caso de las grandes superficies, no se pasaban al cobro los recibos porque no compensaba, ya que el coste de tramitarlos superaba el importe a recaudar.

2. ¿Por qué el Catastro obliga ahora a tributar por instalaciones agroganaderas?

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección del Catastro, aduce que ha impulsado esta revisión para evitar el fraude y sacar a la luz bienes o reformas que en su día no se declararon, en el caso del Ibi urbano, e incorporar bienes que tienen un valor real pese a que no se tributaba por ellos, por el Ibi rústico. Los detractores de esta medida, que tachan de ‘catastrazo’, creen que su fin es recaudatorio y busca sanear las cuentas de las entidades locales, con grandes déficits, a costa del eslabón más débil, los ciudadanos.

3. ¿Por qué el ‘catastrazo’ es especialmente gravoso para el campo?

En el rural el impacto de esa medida es doble ya que los vecinos que desarrollan una actividad agroganadera tendrán que pagar el Ibi rústico por las instalaciones en las que la desarrollan, algo a lo que antes no estaban obligados, pero también están sujetos, al mismo tiempo, a la revisión catastral de sus viviendas, en ese caso con carácter retroactivo (se examinan los pagos de los últimos cuatro años). Además, están abonando una tasa de 60 euros por cada bien regularizado, sea la casa, el establo o hasta un invernadero. 

4. ¿Hay algún colectivo especialmente damnificado?

UU.AA. que ha iniciado una campaña contra este ‘catastrazo’ rústico -hasta ahora solapado por las quejas sobre las revisiones de las viviendas, pese a ser procesos simultáneos-, dice que se ceba con colectivos como los jubilados del campo, que pagarán por naves y establos vacíos lo mismo que si hubiese actividad. El sindicato también denuncia que peligran las becas de estudios para los hijos de agricultores y ganaderos. Asegura que Educación fija umbrales patrimoniales vinculados a los bienes rústicos que excluirán de las ayudas a familias con granjas casi en quiebra, al tener en cuenta ese patrimonio «ficticio» en vez de a su rendimiento real. 

5. ¿Cuánto se va a pagar por la contribución rústica tras estos cambios?

Para los bienes rústicos, los concellos tiene margen para fijar un tipo impositivo de entre el 0,3% y el 0,9% del valor catastral. Sea cual sea su elección se tratará de nuevos ingresos, al cobrar por instalaciones antes eximidas del pago. UU.AA señala que el tipo impositivo elegido será crucial. Como ejemplo, explica que el dueño de un establo valorado en 100.000 euros, que hasta ahora no pagaba nada, abonará 900 euros al año al 0,9%, cifra que ve desorbitada, y que con un 0,3% serán 300, rebaja que aún ve insuficiente. 

6. ¿Cuándo se pasarán al cobro los recibos ya actualizados?

El Gobierno está realizando de forma escalonada las revisiones catastrales y, de igual modo, los recibos se irán actualizando de forma progresiva en los distintos concellos, a medida que se vayan completando esos procesos. Algunos como Rábade, O Vicedo, Chantada o Viveiro, los primeros en ese calendario de revisiones (las hicieron en el 2014), ya pasan al cobro los nuevos recibos, salvo a los vecinos que en su día presentaron alegaciones y que aún no han recibido respuesta. Otros concellos lucenses inmersos en este proceso en el 2015, sobre una veintena, actualizarán previsiblemente el Ibi a lo largo de este año. 

7. ¿Se puede eludir el pago?

La decisión del Gobierno es firme y solo cabe la posibilidad de alegar ante discrepancias o errores, como la inscripción de una nave ganadera como almacén de uso urbano, lo que aumentaría su valor. El responsable de desarrollo rural de UU.AA., Jacobo Feijoo, dice que es crucial que en esa regularización catastral los vecinos comprueben, al recibir las notificaciones con los cambios, que estos se ajustan a la realidad, ya que hay un plazo de 15 días para reclamar. Insiste en que al recibir el aviso se debe consultar en internet, usando la clave que se facilita en esas cartas, a cuánto ascenderá el recibo, para evitar después sorpresas desagradables. 

8. ¿Cómo se puede mitigar el alcance de esta medida?

Desde UU.AA. reclaman que los concellos no solo apliquen el tipo impositivo mínimo, del 0,3%, sino que también hagan uso de su potestad para establecer bonificaciones. Recurren de nuevo al ejemplo de la nave valorada en 100.000 euros para explicar que si se adopta ese tipo mínimo y se aplican rebajas de hasta el 90%, se pagarían al final unos 30 euros, una cifra más asumible en un sector en crisis.

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