El neoliberalismo europeo en el Tratado de Lisboa

El Tratado de Lisboa es producto de las maniobras iniciadas por los políticos europeos para lograr la legitimización de la UE. Sin su aprobación la Unión Europea no tendría personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales, lo que supondría un duro revés en su estrategia económica, orientada a reforzar el neoliberalismo.

De hecho, las diferencias del mismo con la denostada Cosntitución Europea son básicamente de forma, más que de fondo. Buscando que los países miembros de la UE acogieran de mejor grado el tratado, se eliminaron alusiones a aquellos valores que identificaban a la UE con un Estado. Además busca una mejora de las relaciones exteriores, e incluye la libertad para abandonar. Por otra parte exhime a Polonia y Reino Unido del carácter jurídicamente vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales. Estas son las líneas maestras del 'maquillaje' al que ha sido sometido el texto.

Principios económicos
El carácter marcadamente económico de la Unión Europea sigue estando muy presente en varios artículos del Tratado de Lisboa. En ellos se alude al crecimiento económico como objetivo, el principio de competencia como rector o la libre circulación de capitales como garantía fundamental. Además se habla claramente de la estrategia de ''mantener su competitividad en el mercado mundial intensificando sus esfuerzos para crear oportunidades para sus empresas en terceros países''.

Los derechos de los ciudadanos también se ven recortados en favor de esta política. En este sentido en los artículos 86 y 87 se alude a que los servicios públicos quedan sujetos a las normas de competencia. Mientras, a diferencia de la Constitución española, el texto europeo cambia el derecho a tener un empleo por el genérico derecho a trabajar. Además, el derecho a disfrutar con todas las garantías de una seguridad social y servicios sociales se sustituye por el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales.

Personalidad jurídica
Se producirá a la vez una centralización de la toma decisiones, quitando peso a los parlamentos estatales. La UE adquiere con este tratado personalidad jurídica, con lo que podrá firmar tratados de libre comercio, por ejemplo, sin pasar por las cámaras de los países miembros. A la vez se reducen los ámbitos en los que los países tienen derecho de veto, mientras aumentan aquellos en los que las decisiones se toman en los órganos de la Unión Europea.

En cuanto a la ciudadanía se afirma su libre circulación, dentro del marco de limitación de entrada de inmigración exterior. Se da un mínimo reconocimiento de participación popular, como es la posibilidad de una iniciativa ciudadana (sólo sobre la aplicación de los Tratados aprobados, y tras recoger más de un millón de firmas en un número significativo de estados miembro).

Otro punto importante es el aumento en gastos militares, a la vez que se refuerza el compromiso con la OTAN y el apoyo a ataques preventivos en cualquier lugar del planeta.