El monte del conde Montoro

Montoro rebuscando en su propia cartera. (Foto: AEP)
photo_camera Montoro rebuscando en su propia cartera. (Foto: AEP)

HACIENDA es un fraude. Algo ya se venía intuyendo, desde que la sabiduría popular completó aquel «Hacienda somos todos» de los anuncios con la coletilla «pero unos más que otros», del mismo modo que hace unas décadas había añadido un preciso «señor conde» al eslogan publicitario «cuando el monte se quema, algo tuyo se quema». Ahora ya no quedan dudas.

Los capataces del conde de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevaban un tiempo provocando incendios purgativos en el monte de la Agencia Tributaria, pero esta semana se les ha descontrolado con esa mezcla de dimisiones y destituciones en cascada de buena parte de los técnicos e inspectores responsables de los asuntos más espinosos y de mayor relevancia para el país.

No se trata de cuatro descamisados sin más, sino de algunos de los funcionarios pata negra encargados de inspeccionar y controlar los desmanes fiscales de lo que oficialmente se conoce como grandes contribuyentes. No le falta sarcasmo al nombrecito, dado que, según han documentado y denunciado reiteradamente los propios técnicos de Hacienda, más del 70% del fraude fiscal en España se lo tenemos que agradecer a las grandes empresas y patrimonios. Y hablamos de unos 80.000 millones de euros al año, más que la cantidad total que vamos a ahorrar sumando todos los recortes aplicados por el Gobierno con la coartada de la crisis, incluidos los de sanidad, educación, ayudas a parados, pensiones o I+D. Son, para entendernos, los dueños del monte.

El mensaje del conde Montoro ha llegado nítido a todos los inspectores de la Agencia Tributaria: no son grandes contribuyentes, sino grandes donantes (a los partidos políticos), así que mejor dedíquense a expurgar las facturas trimestrales de material para oficina de cualquier autónomo o la nómina de cualquier privilegiado con empleo, o aténganse a las consecuencias.

Ya de paso, con estos movimientos el Gobierno ha aprovechado para cerrar los últimos flecos que le quedaban para el control absoluto de los grandes casos de corrupción que se están investigando, y que le golpean de forma directa. Esta misma semana ha completado, con la complicidad del PSOE, la toma de posiciones en el Poder Judicial, que ha de instruir y enjuiciar estos asuntos. Antes ya se había asegurado la obediencia de la Fiscalía y había descabezado la cúpula de la Udef, la unidad de la Policía Judicial encargada de realizar las investigaciones económicas en las que se apoyaban las acusaciones más incómodas.

Ahora cierra el círculo situando a afines en las delegaciones que controlan la labor de los inspectores y de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que intervienen en muchos de los asuntos de corrupción que llenan los juzgados españoles. La operación Pokemon, sin salir de Galicia, o antes el caso Campeón. O esas travesurillas sin importancia de Iñaki Urdangarín, por supuesto sin el conocimiento de su esposa, la única empleada de élite de un gran banco que carece hasta de las nociones más básicas de números y finanzas.

Si yo fuera un pequeño empresario o un autónomo sin nadie a quien llamar -si tienes a mano un político de cabecera la cosa cambia mucho-, recibiría al inspector correspondiente con una copia del informe que Hacienda presentó al juez sobre las facturas de la Infanta y otra del expediente sancionador interrumpido contra la multinacional Cemex, a la que parece que le vamos a perdonar unos 400 millones de euros.

Y si, aún así, el inspector de la Agencia Tributaria insiste en tocarme las facturas, iría directamente al juzgado de guardia y le denunciaría por socialista, que es un nuevo delito que Cristóbal Montoro acaba de introducir en el Código Penal español, todavía no se sabe si como tipo delictivo propio o como agravante de otros.

Porque, con ser malo, lo peor de todo este desbarajuste no es el mensaje que el conde Cristóbal envía a los funcionarios de la Agencia Tributaria, sino el mensaje sobre Hacienda que envía al resto de los españoles. Un mensaje, por otro lado, no muy diferente al que el Gobierno y los partidos políticos, tanto afines como próximos, están telegrafiando con cada una de sus decisiones y sus apaños desde hace tiempo, demasiado tiempo: España somos todos, pero unos más que otros.

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