El ministro de Justicia propone sancionar a los medios que publiquen filtraciones sobre casos de investigación judicial

Hasta ahora, la ley castigaba a las fuentes que pasaban información a la prensa, generalmente funcionarios, sobre casos que estaban bajo investigación judicial
El ministro de Justicia, Rafael Catalá
photo_camera El ministro de Justicia, Rafael Catalá

Rafael Catalá, actual ministro de Justicia, ha sacado a la luz este miércoles una nueva propuesta para regular la publicación de cierta información en los medios sobre casos que están bajo investigación judicial. De esta manera, sugiere la posibilidad de sancionar a aquellos medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre estos casos. También serán sancionados, de la misma manera, los miembros de instituciones –jueces o Fiscalía, entre otros–  que "filtren" dicha información que está siendo tratada bajo secreto de sumario.

En realidad, la ley ya se pronunciaba con respecto a este comportamiento, castigando el delito de revelación de secretos, una conducta generalmente asociada a funcionarios. Pero ahora someten la ley a renovación para aplicarla también, de manera directa, a los medios de comunicación que publiquen la información recibida. Catalá quiere, de esta forma, abrir un debate sobre si se deberían fijar unos límites a la información y a las empresas informativas.

"Un buen debate sería trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información", ha dicho el ministro. "No estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia", añade.

El ministro, asegura, no pretende con esto comenzar un nuevo proyecto de sanción para los medios de comunicación, sino que trata de llamar a la reflexión sobre un tema que debería ser un objeto de "análisis" tanto para la sociedad como para los poderes públicos. Y así lo ha hecho este miércoles en una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, en donde ha abogado –en alusión al caso de Rodrigo Rato– por proteger la "confidencialidad" de las causas judiciales y la presunción de inocencia de los investigados.

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