El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Viveiro estima parcialmente la demanda interpuesta por la familia de Dolores Prieto y Gervasio Fernández, debido a los daños ocasionados en su vivienda, situada en el barrio de O Celeiriño, de los que responsabiliza directamente a la promotora Inmo Xerión, al arquitecto director de la obra y a la aseguradora Asefa, que deberán responder de manera solidaria de las indemnizaciones que se fijen.
La juez analiza cuatro informes periciales, en base a los cuales concluye está acreditada la relación entre el deterioro del inmueble y las labores constructivas hechas en el solar por orden de la promotora, quien alegó que la responsabilidad debía recaer en otros agentes constructivos, sobre todo en la firma Euromontaxe, encargada de colocar las vigas, una de las cuales cedió el 2 de octubre de 2008.
El dictamen sostiene que la empresa no cejó en el empeño de acometer la obra, a pesar de que se la paralizó el Concello en varias ocasiones. De hecho, participó en las conversciones con la entidad local para reanudarla y el arquitecto codemando hizo un informe para ello. «Sabiendo que había daños, con independencia de quien elabora los proyectos de ejecución y ejecuta las obras, asumió un riesgo previsible».
El fallo que, por ello, debe pagar los daños causados, sin perjuicio de que los reclame a las empresas que considere responsables. Por su parte, la aseguradora deberá responder dentro de los límites de la póliza suscrita, que tiene una franquicia del 20% del importe del siniestro, con un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 10.000, garantía que abonará la firma.
Esta es la tercera sentencia que condena a la empresa en el mismo sentido, como responsable, tras otras tantas demandas de vecinos afectados por daños en sus casas. La promotora las tiene todas recurridas en apelación
La técnica usada para sostener la excavación no fue la adecuada
El fallo judicial concluye respecto a la implicación del arquitecto, tras examinar un informe de expertos en Ingeniería del Terreno, que la técnica empleada para sostener la primera parte de la excavación no fue la adecuada por existir edificios en mal estado y en ruina a unos tres metros del muro anclado y por la situación de los anclajes, que tiraban del terreno bajo las casas. Además, la juez cree que si el entorno estaba en situación precaria, el técnico debió reflejarlo en el proyecto e investigar antes el subsuelo.
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VIVENDA |
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El director general de Vivenda, Antonio Boné efectuó ayer una visita al barrio para conocer su estado, comprobar si se derribaron las casas con mayores desperfectos, ahora propiedad del Concello, que se comprometió a habilitar una plaza pública donde se hallaban. El reconocimiento tuvo lugar al no contestar el Ayuntamiento a tres escritos en que se requieren datos sobre la zona. Antonio Boné aseguró que aparte de la reclamación judicial de los daños a los causantes que debe hacer la entidad local, esta solo tiene una salida para que los vecinos con daños puedan arreglar sus casas. Se trata de elaborar un plan de rehabilitación como el Pepri de Viveiro y declara la zona como Área de Rehabilitación Integral (ARI). El candidato popular, César Aja, cree que la sentencia pone en evidencia al alcalde por no reclamar aún judicialmente los gastos. Además, opina que Roel pretende que prescriban las acciones y «así exonerar de toda repercusión económica a empresas y aseguradoras, lo que es una dejación de funciones, amén de una clara malversación de caudales públicos». Aja ve un agravio comparativo al resto de dueños desalojados, que «mal aconsejados por el gobierno local» no demandaron a quien produjo el daño y no percibirán indemnización para reparar las casas ni por daños morales. |
