El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo emitió una sentencia en la que avala la decisión del Ayuntamiento de Sarria de desprecintar el establo de A Veiga, que había sido clausurado por la misma Administración local en el 2006.
Según señala el fallo del juzgado, el desprecintado de la explotación ganadera era una medida «obligada» una vez se comprobó por parte de un técnico de la delegación provincial de la Consellería de Sanidade que cumplía con lo dispuesto en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Raminp).
El caso del establo de A Veiga se remonta ya al año 2003, cuando unos vecinos presentaron una denuncia por los fuertes olores de la explotación. En el año 2006, el Concello sarriano ordenó precintar el establo como medida de reposición de la legalidad urbanística al constatar que tanto estas instalaciones como la ampliación de la vivienda de sus propietarios se habían realizado sin la correspondiente licencia municipal.
No obstante, en el año 2007 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo emitió una sentencia —confirmada en 2009 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia— en la que consideraba ilegal la ampliación de la vivienda, pero no así las obras del establo. Según decía, la construcción de la explotación ganadera estaba finalizada desde hacía más de cuatro años, por lo que ya no procedía aplicar la medida de restauración de la legalidad urbanística.
Sanidad
La sentencia anulaba, por tanto, la resolución municipal en lo referente al establo, si bien establecía la obligación de hacer una visita de comprobación del Raminp por parte de un técnico de la Consellería de Sanidade.
Esa visita al establo —con 23 vacas de carne— fue realizada el 24 de octubre de 2007 por el jefe de sección de Sanidad Animal, en cuyo informe explica que «as condicións de limpeza son as correctas e normais para este tipo de explotacións, non apreciándose ningún feito ou circunstancia que induza a pensar na posibilidade de que exista algún risco sanitario que non sexa o normal para este tipo de actividade».
En base a este informe, la junta de gobierno local acordó el 31 de octubre de 2007 que se retirase el precinto al establo. La decisión fue recurrida por los mismos vecinos que denunciaron en el año 2003, pero el juzgado viene de desestimar el recurso presentado.
El establo de A Veiga ha generado una gran polémica en el terreno político, con continuos enfrentamientos entre el anterior gobierno (que ordenó el precinto) y el actual (que lo retiró). Además, la dueña del establo se querelló contra el ex alcalde y dos ex ediles por presunta prevaricación, denuncia que el juzgado archivó al ver «irreprochable» desde el punto de vista penal su actuación en este caso.
