El juzgado de lo Contencioso-Administrativo decidió admitir a trámite el recurso del Partido Popular contra el pacto de gobierno en el que se apoyaron el PSOE y los independientes de Udival para formalizar una moción de censura que apartó a su formación del gobierno de O Valadouro. Los populares insistieron una vez más en reclamar que se haga público ese pacto porque siguen sosteniendo que incluye cláusulas desconocidas que podrían ser ilegales. Sin embargo, desde el PSOE restaron importancia a este hecho porque creen que se trata «dun mero trámite xudicial» y añadieron que lo único que escenifica es «que Xosé Manuel Balseiro continúa coa súa pataleta».
Por el momento, lo único que se conoce es que el tribunal decidió continuar el procedimiento judicial y las actuaciones procesales oportunas, y establece un plazo de ocho días para que los populares presenten su demanda en contra del pacto del bipartito. El juzgado tramitará este asunto a través de un procedimiento especial que la ley contempla para la protección de los derechos fundamentales de las personas.
El PSOE desvela el auto que permitió el pleno de la moción de censura
El Partido Socialista hizo públicas ayer las razones que en su día emitió el juzgado de lo Contencioso-Administrativo para rechazar la petición del Partido Popular de impedir la celebración del pleno en el que se votó la moción de censura que apartó a José Manuel Lamela de la alcaldía. Así, se conoció que el PP no presentó en el juzgado la petición de que se suspendiera el pleno hasta el mismo día en el que este se iba a celebrar, lo que incluso le valió una reprimenda jurídica del magistrado ponente del auto. Los representantes jurídicos del PP sí reconocieron este punto y que incluso debido a ello «esperábamos ese resultado. Fue normal».
Otro punto que llamó poderosamente la atención del PSOE es que el juzgado condenó en costas al Partido Popular en 700 euros. La condena en costas sí se recoge específicamente en el auto, aunque no la cantidad. El abogado que representó al PP explica que esa condena en costas «es un mero formalismo, ya que en realidad nunca llegó a haber ningún proceso judicial cuyas costas hubiese que afrontar». Es por ello por lo que tuvieron que pagar los 700 euros, correspondientes a las famosas nuevas tasas de Gallardón.
