Así fue la primera jornada de la vista oral del caso Campeón

Los juzgados de Lugo acogen desde este martes la celebración del juicio ►Los restantes doce encausados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, aunque deben permanecer en la sala mientras el juez toma declaración por decisión del tribunal

El juicio por el caso Campeón arrancó este martes en los juzgados de Lugo. La negativa de uno de los trece acusados a llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía obligó a la celebración del juicio.

Se esperan tres días de vista oral, en lugar de los cinco que estaban previstos en un principio.

La vista se centra en lo que afecta a Javier Rodríguez, socio de la consultora Proitec, y en su papel para conseguir la subvención de 2 millones de fondos europeos tramitados a través del Igape para Laboratorios Nupel.

El resto de acusados reconocieron su participación y son interrogados por la Fiscalía en lo que afecta a Javier Rodríguez. La audiencia se opone a que los acusados puedan dejar el juicio. Dice que va a ser más breve de lo que se suponía en principio.

DORRIBO. Jorge Dorribo, expropietario de la farmacéutica Nupel, aseguró que el papel de Javier Rodríguez era de asesor y que siempre estaba en las reuniones con Proitec. Ambos socios de Proitec "estaban al corriente de todo" y "en esa época" las "reuniones eran continuas", tanto con él como con Carlos Monjero. De hecho, afirmó que todas las gestiones para la tramitación de las subvenciones eran realizadas por esta empresa y "para tomar cualquier decisión" tenía "que estar presente Javier".

Precisó que fueron los dos socios de Proitec quienes le presentaron al exdiputado del Partido Popular, Pablo Cobián, que actuaba como "intermediario", así como que sólo tuvo una reunión con el que fue director xeral del Igape, Joaquín Varela, y dos con Carlos Silva, exalto cargo del organismo de la Xunta. Rodríguez alegó que él solo era ingeniero, que no asesoró en nada. 

Dorribo señaló durante su declaración que no "conocía" la existencia de una "doble contabilidad" en la sociedad. Dorribo ha asegurado, además que su deuda con Hacienda se debe, en parte, a que en mayo del año 2010 ya había sido encarcelado y no pudo presentar la declaración de la Renta. Según Dorribo, él cobraba "un salario" en la empresa y desconocía "la existencia de una contabilidad no oficial".

De hecho, en relación con las cantidades retiradas de las cuentas de la empresa, cuya legitimidad cuestiona la Fiscalía, subrayó que eran "préstamos de la sociedad" que se iban amortizando con cargo a las "comisiones" que no cobraba por esa labor de comercial.

Dorribo aceptó penas de cárcel que suman casi seis años de reclusión y multas que acumuladas superan los 6,1 millones de euros por varios delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencia punible.

JAVIER RODRÍGUEZ. El único acusado que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía, Javier Rodríguez, mantuvo en el juicio que nunca supo nada de los expedientes del Igape, salvo lo que le contaba su socio, y que en todo momento le recomendó apartarse de Dorribo. El fiscal pide para Javier Rodríguez penas de cárcel que suman cuatro años y dos meses de reclusión, así como el pago de multas por un importe que se acerca a los 3,5 millones de euros, por dos delitos contra la hacienda pública y otro continuado de cohecho, mientras que la acusación de la Xunta solicita casi cinco años de prisión y multas por valor de 18,5 millones de euros. Su socio en Proitec también asegura que las decisiones se tomaban entre los dos. Ambos dejan clara la participación y conocimiento de Javier Rodríguez en lo que se estaba haciendo para lograr el dinero del Igape.

En cambio, su abogado, el letrado José Luis Fiuza, aseguró a las puertas de la Audiencia Provincial que confía en una "sentencia absolutoria" para su cliente. "Seguimos en la misma, nuestra interés es defender la inocencia de Javier. Creemos que es realmente inocente y por eso nos hemos arriesgado a venir a juicio", insistió.

Junto a Dorribo, su socio en Nupel, Arsenio Méndez, acumula las penas más altas, al aceptar casi dos años de cárcel y una multa de dos millones de euros por delitos contra la hacienda pública, contable e insolvencia punible. Ha quedado absuelta la que era en el momento de los hechos juzgados directora de Financiación del Igape, Cristina Quintela, que abandonó la sala de vistas de la Audiencia Provincial visiblemente emocionada el pasado 26 de septiembre.

Otros dos altos cargos del Igape en el momento de los hechos, el ex director general Joaquín Varela y el que fuera director de Programas Carlos Silva, han liquidado su responsabilidad penal por sendos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios con una multa económica -de 2.160 euros cada uno- y la suspensión de empleo y sueldo durante un año.

El ex diputado del Partido Popular Pablo Cobián aceptó una pena de ocho meses de prisión y una multa de 45.135 euros, además de un período de inhabilitación de dos años y tres meses para cargo público, por un delito de tráfico de influencias.

La Operación Campeón, que se dio a conocer a la opinión pública con varias detenciones en el año 2010, fue dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, cuya titular era entonces Estela San José, para esclarecer supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas a la empresa Nupel.

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