El juez Pablo Ruz admite que el móvil del chivatazo que en 2006 alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión, durante una de las negociaciones con la banda, no ha podido acreditarse, pero descarta que la intención directa de los mandos policiales procesados fuera colaborar con los terroristas.
Eso es lo que se desprende del auto dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional, que ha procesado al exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo, al inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, y al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, por colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos.
El juez entiende que, con independencia del ánimo o el móvil que guiara el chivatazo que avisó al dueño del Bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, de la operación contra ETA, el autor de las "revelaciones" debe tener necesariamente conciencia de estar llevando a cabo una acción que supone "una colaboración idónea y potencial" con las actividades de la organización terrorista.
El auto asegura que "estos objetivos concretos no cabe entenderlos directamente queridos por parte de los imputados, en atención a las responsabilidades que, con distinto grado, ostentaban en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo seguramente otro el móvil o intención que guió su conducta -que hasta el momento no ha podido ser acreditado durante la instrucción-". No obstante, Ruz explica que el que no se haya averiguado el móvil real del chivatazo "no permite obviar que con la aceptación" de dicha conducta y la forma en la que se llevó a cabo "se estaba asumiendo una necesaria ayuda, contribución o beneficio" de las actividades de ETA, que puede constituir un delito de colaboración con organización terrorista.
En concreto, resalta que el interlocutor de la llamada que alertó a Elosua de la operación, le aportó al mismo tiempo diversas informaciones o "consejos" sobre cómo eludir el control policial, permitiendo la "continuación de su presunta actividad delictiva evitando su detención por parte de los funcionarios policiales". Asimismo, indica que dicho interlocutor insiste en esa llamada en el carácter confidencial y secreto de la misma, "en conexión con la situación actual política" en relación con ETA, que había declarado un alto el fuego en marzo de 2006, así como con el proceso de conversaciones o "negociación" emprendido por el Gobierno.
El informe final de conclusiones que los investigadores policiales realizaron sobre el soplo a ETA, y que entregaron al magistrado, enmarcó el chivatazo en ese "proceso de negociación", sosteniendo que el móvil fue "político", extremo que el juez no confirma al asegurar en el auto que el móvil no ha podido acreditarse todavía.
