LA PREGUNTA que circula por la ciudad es qué pasará ahora con las torres a medio construir en la finca de O Garañón. Ninguno de los políticos consultados, sean del gobierno o de la oposición, acertaron a responder ayer a esta cuestión y desde el Concello incluso se reconoce que el informe de Cultura tampoco podría dar la solución definitiva a una polémica urbanística que puede prolongarse durante años. Aun así, hay otras cuestiones que han marcado en los últimos años esta obra.
1. ¿Cuándo se otorga el primer permiso para edificar?
La conocida finca de O Garañón está ubicada sobre suelo urbano, lindando con las Cuestas del Parque. Los diversos propietarios de estos terrenos vieron consolidados sus derechos con la aprobación del PGOU en 1991, con los votos de la mayoría del PP. Por aquel entonces, se otorgó la máxima edificabilidad a esta zona, por lo que en el año 2003 un propietario presentó un Plan Especial de Reforma Interior (Peri) de la finca, que preveía cuatro bloques de nueve plantas, los cuales iban a provocar un gran impacto visual.
2. ¿Por qué se cambia el primer Peri de 2003?
El Peri inicial recibió alegaciones por parte de tres particulares, del Colegio de Arquitectos y del BNG, que instaban al gobierno local a negociar con los propietarios una permuta de edificabilidad en otra zona de la ciudad. Finalmente, los terrenos cambian de propietario, que se decide a negociar un nuevo convenio y otro Peri con el Concello, que rebajaba la edificabilidad pero mantenía seis torres de siete plantas situadas en la parte más alta de la finca. Tanto el PP como el BNG se opusieron a este nuevo plan, que finalmente fue aprobado en pleno en 2005 con los votos de la mayoría del PSOE.
3. ¿Por qué se decide abrir la vía judicial?
Una vez se agota la vía política y se da luz verde a la urbanización, los vecinos a cuyos edificios se les quitan las vistas al valle del Miño constituyen una asociación que vinculan con la defensa del Parque y deciden acudir a la Justicia para tratar de impedir la construcción de las torres, alegando que no se pidió informe a la Comisión de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consellería de Cultura, y porque los terrenos están en el ámbito de protección de un Bien de Interés Cultural, las termas romanas, y un edificio catalogado, el antiguo sanatorio García Portela. Además, indirectamente se pidió la anulación del Peri.
4. ¿Cuándo decide actuar la Consellería de Cultura?
Desde el gobierno local se asegura que no se pidió informe a Patrimonio porque se trataba de suelo urbano y, en este ámbito, entiende que no son de aplicación los círculos de protección de los BIC. Además, considera que esta postura es defendida por los técnicos del Seprona y por los peritos judiciales. El ejecutivo socialista añade que una vez se aprobó el Peri en el pleno, éste fue remitido a la Consellería de Cultura, aunque este departamento no decidió recurrir a la vía judicial hasta que en el año 2008 se concedió la licencia de obra para la primera fase de la urbanización, que implicaba levantar dos torres con un total de 79 viviendas. La sentencia que se conoció el martes corresponde precisamente a esta denuncia y en ella se insta al Concello a anular la licencia y pedir un informe a Patrimonio.
5. ¿Por qué se paralizaron las obras en noviembre?
Una nueva denuncia vecinal ante el juzgado número 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara, la misma jueza del caso Carioca, desembocó el pasado noviembre en un auto que ordenaba paralizar las obras y contemplaba un afianzamiento en caso de que fuese necesario derribar lo construido. El documento se mostraba además muy crítico con la labor del gobierno local, de los técnicos municipales y hasta del Seprona en la gestión y supervisión de este proyecto de urbanización. Además, veía indicios de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística o omisión del deber de denunciar un delito.
6. ¿Solucionará el informe de Cultura el problema?
Desde el gobierno se apunta que Cultura puede informar en contra de los elementos de las edificaciones o contra el proyecto de urbanización, aunque como quiera que el Peri es legal no podrá anular los derechos edificatorios consolidados. Tanto el gobierno como el BNG dicen que la pelota está ahora en el tejado de la Xunta, aunque desde el gobierno se considera que Cultura no tiene potestad para impedir que se construya en O Garañón. Esa decisión la debería tomar un juzgado y, a partir de ahí, se determinarían posibles indemnizaciones si fueran procedentes.
