El Ine sigue sin licencia municipal para abrir su nueva sede en Lugo, en el antiguo hospital García Portela. El Concello, no obstante, cuenta ya con el primer informe favorable a la puesta en servicio del inmueble. La rehabilitación del edificio acabó a comienzos de año y el Ine había barajado iniciar su traslado en primavera. Los planes, sin embargo, se vieron truncados porque la primera inspección de los técnicos municipales detectó deficiencias y no hubo licencia.
El Concello explicó que, durante la primera inspección, los técnicos municipales detectaron deficiencias en materia de accesibilidad, relacionadas principalmente con la anchura de puertas. Además, se pusieron reparos a un cartel colocado en el exterior, que no figuraba en el proyecto, por lo que no estaba autorizado por Cultura.
Ese cartel ya fue retirado y las deficiencias en accesibilidad subsanadas, lo que dio lugar a un informe favorable del servicio municipal de Arquitectura del 17 de octubre, confirmó el Concello. Ahora, el servicio municipal de Ingeniería debe emitir informe para la concesión de la licencia. El Concello no concretó aún plazos para la conclusión de ese trámite.
La obra del edificio está lista desde principios de año. La reforma se demoró años, ya que la inversión se congeló al llegar la crisis
El Ine, que cuenta en Lugo con una plantilla de 32 trabajadores, realizó una importante inversión para adquirir y reformar el edificio del antiguo sanatorio y, mientras espera la licencia, sigue ocupando un local de alquiler en Pintor Corredoira.
El traslado, que ahora puede ser finalmente cercano, cerrará un proceso que se ha dilatado prácticamente una década, ya que el Ine compró el edificio pero después paralizó las obras de rehabilitación por falta de presupuesto.
El estallido de la crisis económica provocó que se postergara la reforma, que al final no se abordó hasta el año 2015 y que supuso una inversión que acabó superando los dos millones de euros.
La compra del edificio por parte del Ine, que no estuvo exenta de polémicas, permitió salvar el edificio, que estaba protegido por su singularidad arquitectónica pero que arrastraba un prolongado deterioro.
El Instituto Nacional de Estadística adquirió el edificio por 1,8 millones de euros y la operación acabó siendo investigada por la Justicia, ya que indagaciones en el caso Garañón apuntaron que se habían pagado 600.000 euros más sin justificación y se ignoraron informes sobre el deficiente estado del edificio.
