El Parlamento de Galicia ha rechazado hoy, por los votos en contra del PP, interponer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que, a juicio de la oposición, atenta contra la autonomía municipal y el autogobierno y potencia el papel de las diputaciones.
El grupo mayoritario rechazó esta iniciativa del PSdeG al argumentar que la Xunta ya ha tenido un papel crítico al hacer aportaciones a la norma y, especialmente, ha destacado que no se debe usar el Constitucional como manera de prolongar "una divergencia política", apuntó el diputado Román Rodríguez.
La iniciativa fue formulada por el socialista Francisco Caamaño, quien argumentó que esta ley se limita a intentar "ahorrar en democracia", ya que a su juicio no trata de reducir costes, sino el pluralismo y el control social.
Para Caamaño, esta ley estatal "cierra un hito" en la historia democrática, ya que a su juicio va contra la autonomía local privatiza servicios y "rescata" a las diputaciones. Además, rebatió el argumento del ahorro aportado por el PP para justificar la norma puesto que, insistió, son los ayuntamientos de Madrid y Valencia los más endeudados. "No imputemos a todos lo que fue error de algunos", manifestó.
La iniciativa de Caamaño recibió el apoyo del resto de grupos de oposición, que argumentaron también que la ley vulnera la autonomía local y el autogobierno de Galicia.
Xavier Ron, de AGE, calificó la norma de "hondamente ideológica, reaccionaria y va contra las competencias autonómicas" al tiempo que concede más relevancia a una institución "anacrónica" y que, a su juicio, ofrece campo al nepotismo y las prácticas corruptas, dijo.
También la nacionalista Tereixa Paz opinó que la norma es "centralista, centralizadora, privatizadora" en favor del "austericidio de los servicios públicos", apuntó la nacionalista. Sin embargo, el popular Román Rodríguez indicó que se trata de una ley "oportuna, necesaria y compleja", que respeta la autonomía local, como así lo dictaminó el Consejo de Estado, subrayó.
El parlamentario del PP también afirmó que la Xunta y la FEGAMP han mantenido una actitud "critica", aunque constructiva, ante esta norma y ha hecho aportaciones "de calado" que han contribuido a mejorarla. Recordó que la Xunta ha acordado elaborar una ley de medidas urgentes para clarificar esta ley estatal y adaptarla a las peculiaridades de Galicia e insistió en que en los últimos treinta años nunca el Parlamento había decidido recurrir una norma elaborada en el Congreso Para concluir, Román Rodríguez insistió en que intentar usar el Constitucional "como vía para prolongar divergencia política es una actitud frívola".
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21/abr./24
