El Gobierno ha mostrado este viernes su "preocupación" por la deriva de los secesionistas en Cataluña que "pretende dinamitar la democracia" y se dirigen "sin complejo alguno" hacia "una dictadura".
Así lo ha asegurado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de Transitoriedad aprobada por el Parlament de Cataluña.
El Gobierno, ha dicho su portavoz, continuará actuando "con proporcionalidad, solidez y firmeza", para evitar "que se celebre un referéndum que es ilegal y que vulnera todos los principios democráticos y de convivencia".
Méndez de Vigo ha recordado que hoy se cumplen 40 años del regreso a Cataluña de Josep Tarradellas y ha recordado las palabras que, en su día, dijo el que fuera presidente de la Generalitat: "En política se puede hacer de todo, menos el ridículo".
El portavoz del Gobierno ha denunciado que esos 40 años de normal funcionamiento democrático contrastan con la "anomalía democrática, la restricción arbitraria de derechos y libertades" y el clima de "ruptura y profunda animadversión al discrepante" que se ha vivido en el Parlament de Cataluña durante la aprobación de las leyes del referéndum secesionista del 1 de octubre.
DEMANDA DE LA FISCALÍA. La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern por los delitos de la desobediencia, prevaricación y malversación, un último delito que implica penas de prisión.
La querella, anunciada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza y formalizada hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se presenta por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya ha dejado en suspenso de forma cautelar, al admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno.
