El Gobierno pide a las comunidades que cumplan con la Lomce

El Ejecutivo ha pedido hoy a todas las comunidades que respeten, "como hace el Gobierno", el reparto competencial, en concreto en el caso de la educación, y ha advertido de que las posiciones políticas no pueden ser motivo de los recursos de inconstitucionalidad que puedan presentarse contra la Lomce.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido así al ser preguntada en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros por la posibilidad de que alguna comunidad se niegue a aplicar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) o la recurra, como Cataluña.

La Constitución, ha querido precisar la vicepresidenta, "atribuye al Gobierno la aprobación de las leyes en materia de educación, su desarrollo y, en su caso, su ejecución corresponde a las comunidades".

"Aquellas que consideren -ha proseguido- que la ley puede vulnerar ese reparto competencial podrán recurrirla por esa circunstancia con arreglo a lo que establece la Constitución, por violación de los preceptos constitucionales, pero indudablemente las opciones políticas no forman parte de los motivos de esos recursos".

Ha subrayado que las leyes "obligan a todos" y el Estado "respeta" las de las comunidades dentro de su ámbito competencial.

"Pido a todos también colaboración -ha agregado- porque de lo que estamos hablando es de la formación de los más jóvenes de hoy y mañana", dadas las altas tasas de desempleo.

Por eso ha invitado a todos los grupos parlamentarios a "seguir trabajando y mejorando todos los aspectos educativos", pues todos los informes sobre enseñanza dejan "muy claro" que España no tiene buenos resultados.

"El sistema tiene muchos problemas, no es razonable mantener lo que no funciona", ha enfatizado.

Sobre si la ley podría ser cambiada sustancialmente en el Senado, pues ayer no tuvo ningún apoyo de la oposición en el Congreso, Saénz de Santamaría ha respondido que la voluntad es "atender a cuantas enmiendas sea posible"

Ha asegurado que, desde el principio, el Ministerio de Educación ha abordado la ley con la comunidad educativa, las autonomías y los grupos parlamentarios en un "amplísimo" proceso de audiencia.

"Pediría que más allá de los posicionamientos políticos podamos entendernos en algo que es fundamental, resolver un sistema que se ha demostrado que es un fracaso", ha concluido.