El Gobierno estudiará cómo encajar la ley de Seguridad Ciudadana en la Constitución

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho hoy que el Gobierno estudiará con el máximo interés el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana por si hay que modificar algunos preceptos para adaptarlos a la Constitución.

Soraya Sáenz de Santamaría ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al ser preguntada por el informe aprobado ayer por el pleno del CGPJ, que considera inconstitucionales varios aspectos de la normativa elaborada por el Ministerio del Interior. "Indudablemente, si el CGPJ ha considerado que, no la ley, sino algunos de sus preceptos tienen que ser adaptados o modificados para garantizar su plena constitucionalidad desde luego lo estudiaremos con el máximo interés como estudiamos todos estos informes porque para eso se piden", ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo.

Ha recordado que este anteproyecto responde a la obligación derivada de los cambios en el Código Penal, por los que determinadas conductas que antes tenían una reacción penal, con el resultado de una sentencia y en su caso una pena y unos antecedentes hayan dejado de ser consideradas como delitos o faltas y pasen a tener un reproche inferior, que es una sanción administrativa. "Porque no es lo mismo que a uno le pongan una multa administrativa a que tenga un proceso penal ante un tribunal que termine con una condena", ha insistido la vicepresidenta del Gobierno, que ha recalcado que había que adaptar el conjunto de infracciones y sanciones de la propia Ley de Seguridad Ciudadana.

Soraya Sáenz de Santamaría ha advertido de que habida cuenta de los años transcurridos desde la actual ley se trata de "garantizar la seguridad porque es la garantía de los derechos y libertades de todos", que es el objetivo de la nueva norma. De todas formas ha indicado que se han recabado informes no solo al CGPJ sino también a otros órganos como el Consejo de Estado. Ha asegurado que estos informes se piden para que ayuden al Gobierno para "tener las mejores leyes técnicamente posibles, las más efectivas y siempre por supuesto dentro del marco de la Constitución".