El gobierno cambió las bases "para favorecer a competencia"

Dice que Bruxa está en plazo y, pese a los tratos ocultos, entre empresarios, no hay motivo para la sospecha

La concejala de cultura, Carmen Basadre, se volvió a negar a dar explicaciones sobre la polémica del pulpo. Diez días después de la adjudicación de las casetas y de los calderos, el gobierno explicó a través de su gabinete de comunicación que se eliminó de las bases del concurso la exigencia de solvencia técnica –que, entre otras formas, se justificaba demostrando medios y experiencia– y de habilitación empresarial o profesional en hostelería para "favorecer a participación, na liña de todas as directivas da UE, que buscan favorecer a competencia".

El gobierno reiteró que la decisión fue de los técnicos –no confirmó si la concejala y el resto del gobierno estaban al tanto– y explicó que, por una razón similar, tampoco se exigió fianza para participar en la puja. "Se se esixira fianza só poderían competir grandes empresas, ao mellor profesionais máis modestos ou que están empezando non terían capacidade económica", explicó. Para confirmar la oferta sí se pide fianza (el 5% del importe del contrato), pero cualquier persona o empresa pudo pujar sin arriesgar nada. Si Bruxa o Irimia, a los que no se conocen medios ni capacidad para el servicio, renunciaran al contrato en este momento, no tendrían ninguna sanción, a pesar de que estarían poniendo en jaque el pulpo en San Froilán debido a que quedan solo tres semanas para el inicio de las fiestas y el margen de maniobra tanto del Concello como de los siguientes licitadores sería escaso.

Basadre no explicó qué gestiones está haciendo su departamento ante los indicios de que una serie de empresarios están especulando con un contrato público, así como para tratar de garantizar que haya casetas en San Froilán.

A través del gabinete de comunicación, el gobierno mantiene que solo han pasado tres días desde que Bruxa recibió la comunicación oficial de que era adjudicataria e insistió en que tiene de plazo hasta el día 16 para entregar la documentación y la fianza. El equipo de gobierno mantiene que la administración no puede desconfiar de forma preventiva de ninguna empresa adjudicataria mientras no se agoten los plazos y se sepa si cumple y considera que, de momento, no ha dado razones para la sospecha. El servicio de comunicación del Concello informó este jueves de que ni Bruxa ni Irimia se han puesto en contacto con la administración ni esta con ellos, aunque otras fuentes señalan que sí hubo entrevistas.

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