El Gobierno ha decidido no aprobar mañana el proyecto de ley de reforma de la administración local y aplazar el visto bueno a este texto a una próxima reunión del Consejo de Ministros, han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.
En principio, estaba previsto que el Gabinete abordase mañana la aprobación de este proyecto, y así lo anunció días atrás el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Finalmente será en otra reunión del Consejo de Ministros cuando se dé el visto bueno a esta iniciativa que pretende mejorar los servicios que prestan las entidades locales.
El objetivo es evitar las duplicidades y el desempeño de competencias impropias, así como lograr el equilibrio financiero, para avanzar en la eficiencia y profesionalización en el mundo local, según ha subrayado en varias ocasiones Beteta.
Desde el Gobierno se ha insistido en que la reforma busca mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y que no atiende sólo al ahorro y la austeridad en la administración local.
El texto del anteproyecto fue aprobado el pasado 21 de mayo por la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y remitido al Consejo de Estado, quien en su dictamen sobre la reforma consideró que el cambio supondrá un "marco competencial más estrecho", "una considerable restricción" y el "debilitamiento" de la autonomía municipal.
A pesar de estas apreciaciones hechas por el máximo órgano consultivo del Gobierno, presidido por José Manuel Romay Beccaria, el Ejecutivo se ha mostrado razonablemente satisfecho con su reforma aunque dispuesto a introducir las modificaciones que consideren pertinentes, porque no creen que con ello se vaya a alterar el espíritu de la ley.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que el Consejo de Estado ha "avalado la constitucionalidad de la reforma" y ha atribuido sus recomendaciones a que el objetivo es que la ley dure muchos años.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma ha sido el del coste estándar, que ahora parece que va a ser sustituido por el coste efectivo que permitirá que los municipios no queden fuera de la prestación de servicios en muchas zonas, de manera que ya no se contemplaría la intervención en municipios de menos de 5.000 habitantes
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17/abr./24
