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El fiscal se opone a dejar en libertad a los líderes de ANC y Òmnium

La Fiscalía ha informado en contra de los recursos interpuestos por los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al entender que se mantienen los motivos por los que fueron a prisión sendos delitos de sedición en relación con el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre.

En sus recursos, la defensa de Cuixart alega que medió para que los manifestantes permitieran salir a la Guardia Civil de la consejería de Economía, ante cuya sede se apostaron miles de manifestantes, y que la protesta fue convocada por múltiples entidades, no solo por la suya.

Argumenta además que él mismo se encargó de mediar para que los agentes pudieran abandonar el edificio -lo que hicieron a partir de las 4 de la madrugada, tras más de 20 horas en la sede de Economía- y que en ningún momento la protesta iba encaminada a impedir los registros policiales.

Por su parte, el líder de ANC expone a la Sala en su recurso sus "constantes esfuerzos" para garantizar que la concentración ante el Departamento de Economía fuera pacífica, aunque admite que solo podía controlar a los manifestantes que la entidad había convocado.

Sánchez reconoce también que tanto él como Cuixart se erigieron en interlocutores de la concentración y que ello "respondió a la voluntad de cumplir con su deber de velar por el adecuado desarrollo de la concentración que convocaron".

Ambos niegan además que exista riesgo de fuga porque ambos tienen arraigo en Cataluña, donde vive su familia y cuentan con un empleo, circunstancias que a su juicio Lamela sí tuvo en consideración para dejar en libertad provisional al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

La juez envió a los dos líderes independentistas a prisión el 16 de octubre a petición del fiscal, que también pidió ese mismo día la prisión para Trapero y una fianza de 40.000 euros a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, todos ellos investigados por sedición.

Para los dos mandos de la policía catalana, Lamela optó por medias cautelares más leves -comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizable- al no tener perfilada su actuación el día del asedio a la Guardia Civil y, en el caso de Trapero, a la espera de que la Fiscalía ampliara su denuncia al 1-O.

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